Las mujeres que llegan a cargos públicos tienen la obligación de anteponer las causas que nos unen para trabajar por un mejor porvenir para todas las mexicanas.
Doce meses después de la mega marcha del 8 de marzo de 2020, es triste reconocer que la situación no es mejor, no solo porque las cifras de feminicidios y de mujeres violentadas desde entonces son aterradoras y dejan muy atrás el discurso presidencial que se dice ‘humanista’, más no feminista, sino porque carece de elemental convicción para escuchar a las mujeres.
Incluso, un día después atendimos el llamado de un colectivo a participar en “un día sin mujeres”, un paro nacional para crear conciencia de nuestro papel en la sociedad y para enviar un mensaje claro a las autoridades, de que juntas –sin colores ni filias– estamos dispuestas a impedir más atropellos a nuestros derechos y a denunciar toda violencia en nuestra contra.
Recuerdo que la esposa del presidente se manifestó a favor de ese acto en sus redes sociales, pero que bastó una llamada de atención en Palacio Nacional para que le llegara el arrepentimiento. Incongruencia, simple sometimiento y arrinconada valentía a la hora de defender las causas de género desde su privilegiada posición de poder.
A lo largo de esta administración nada se ha hecho no solo para dejar de normalizar las conductas violentas contra las mujeres como el que las callen, las ignoren, las invisibilicen, las insulten, las lastimen, las asalten, las violen o las maten, sino tampoco para hacer de nuestras necesidades y exigencias un asunto prioritario que se vea reflejado en política pública.
Antes al contrario: quitó las estancias infantiles; limitó la posibilidad de empoderamiento económico; eliminó presupuesto para las mujeres rurales e indígenas, las áreas de prevención de las procuradurías, las unidades de género y para algunas asociaciones civiles que ayudaban a mujeres violentadas en refugios. Desapareció el Seguro Popular y 109 fideicomisos –que le aportan más de 68 mil millones de pesos–, en especial el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que atendía por lo menos 15 tipos de cáncer para niñas, niños, mujeres y hombres.
En pocas palabras, el mandatario se ha convertido en el peor violentador de nuestros derechos. Y uno de los mayores agravios es la defensa a ultranza de un candidato impresentable como Félix Salgado Macedonio, que rebasa cualquier nivel de cordura y de procuración de justicia que debe tener un jefe de Estado. Reducir el delito de agresión sexual a un tema electoral que usan “sus adversarios” para atacarlo es verdaderamente indignante, porque además con esta acción evade su responsabilidad de procurar justicia para las víctimas.
En este contexto, nada digno de celebrarse en un Día Internacional de la Mujer: hemos sido agraviadas, ignoradas y enlutadas, no sólo por la cantidad de insultos, agresiones o muertes violentas, sino porque la política pública a favor de las mujeres también está muerta. Padecemos la falta de voluntad y entendimiento de un presidente que no tiene el propósito de construir futuro, anclado en estrategias electorales y en un modelo de Gobierno de la década de los setentas que tanto daño causó a generaciones completas.
Vaya paradoja enfrenta la lucha feminista, pues mientras unas alzan la voz por las injusticias y la falta de acción gubernamental para protegerlas, las mujeres de Morena y sus aliadas –muchas de las cuales se manifestaron en otros tiempos–, hoy están dominadas y sometidas por el patriarca. Su silencio hace el mismo daño que la ofensa patriarcal.
Es nuestro momento de hablar, de no dar marcha atrás, de mostrar sororidad, de no caer en la tentación de obstaculizar solo por tener diferentes ideologías o formas de pensar. Las mujeres que llegamos a cargos públicos tenemos la obligación de anteponer las causas que nos unen para trabajar por un mejor porvenir para las mexicanas todas.
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