La decisión de aprobar la constitucionalidad de la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes marca un antes y un después en la impartición de justicia en México.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aprobar la constitucionalidad de la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes marca un antes y un después en la impartición de justicia en México, no solo porque seis de los 11 ministros optaron por darle la vuelta a la Constitución, sino también porque con sus votos deslegitimaron “al poder” que representan.
Es, en los hechos, la sepultura a la división de poderes. El Legislativo ya estaba subordinado al Ejecutivo, a través de la mayoría de Morena, pero quedaba la esperanza de que el Judicial siguiera siendo independiente del Ejecutivo. Por desgracia, no sucedió así. Una mayoría de ministras y ministros nos regresó a los años setenta cuando prevalecía la sumisión de todo el andamiaje institucional a las órdenes presidenciales.
Con argumentos no solo vergonzosos y más políticos que jurídicos, se prestaron a hacerle el juego a la política electoral del titular del Ejecutivo. El presidente de la Corte, Arturo Saldívar, hizo todo tipo de maromas para pisotear nuestra Carta Magna: “lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal…”. Así, marcó línea que siguieron cinco ministras y ministros. Ninguno quiso exponerse al linchamiento presidencial, y lo que hicieron fue subir al patíbulo al “pueblo bueno”, sentenciarlo a muerte, porque hoy la justicia ya no depende de la ley, sino de la voluntad de una sola persona.
Triste fue el papel del máximo tribunal constitucional, hoy reducido a una oficialía de complacencias electorales; se dio una ofrenda de las y los ministros para demostrar su sumisión y dependencia al Poder Ejecutivo. Fue una afrenta para las y los mexicanos que confiaban en los guardianes de la legalidad, garantes de nuestros derechos y libertades.
El proyecto del ministro Luis María Aguilar señaló las razones por las cuales la consulta era “un concierto de inconstitucionalidades”, al vulnerar derechos humanos y garantías constitucionales, como el debido proceso, la presunción de inocencia, el acceso a la justicia, la igualdad, entre otros, por lo que “no puede ser materia de consulta la aplicación de la ley…”. Se esperaba que las y los ministros actuaran tal y como lo mencionó la ministra Norma Lucía Piña Hernández: “Mi obligación constitucional es votar… mi obligación como ministra de la Suprema Corte es no ceder a las presiones…”. Lo cierto es que pudo más la amenaza política que el razonamiento jurídico.
Ese mismo jueves también quedará marcado como el día en que otro poder, el Legislativo, con una mayoría sumisa, pretendió desaparecer 109 fideicomisos, cuya extinción perjudicaría a deportistas, cineastas, artistas, académicos, estudiosos de ciencia y tecnología, investigadores, a personas con cáncer, a quienes padecen los efectos de los desastres naturales, a defensoras y defensores de los derechos humanos y periodistas, entre otros.
Ese propósito no se cumplió por falta de quórum de morenistas y aliados, entre quienes se cuenta a los que se resisten a dañar a estos sectores solo por capricho presidencial. No pasará octubre sin que la mayoría de Morena y sus satélites entreguen esa otra ofrenda al inquilino de Palacio Nacional. La instrucción y/o amenaza será la de permanecer en sus lugares para ganar la votación, mientras las y los mexicanos padecerán las consecuencias de esta nueva afrenta. Con ansias espera el presidente poder disponer de recursos públicos, aunque muchos sean sacrificados.
Lo que sucede en México desde hace dos años no es cosa menor y quienes militamos en Acción Nacional tenemos que denunciar y enfrentar estas arbitrariedades, así como replantearnos el papel que debemos asumir. Desde nuestros orígenes como partido, muchas y muchos hemos participado en luchas democráticas, como las que dieron el Maquío o Carlos Castillo Peraza.
Por ello, hoy debemos tomar una decisión, porque este camino de la política es una brega de eternidad, una lucha permanente para frenar y evitar los atropellos de aquellos hombres que se sienten más que las instituciones. Y el PAN no puede negar su responsabilidad histórica.
Te puede interesar: La decepción por la mentira, el robo y la traición
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com
