En este arranque del 2020, derivado de decisiones irresponsables desaparecer el Seguro Popular, dejó desprotegidas a alrededor de 51 millones de personas en situación vulnerable.
El problema de la salud pública se ha recrudecido en esta administración, lo cual impacta de manera importante en la población, particularmente en los más pobres por la falta de atención eficiente, así como de medicamentos para enfermedades de alta especialidad (como el cáncer), y ahora el incremento injustificado en el cobro de cuotas de recuperación (pago por día de hospitalización).
No pueden negarse las ineficiencias existentes en el sistema de salud pública, las quejas, durante el último año fueron recurrentes; hace días tuve conocimiento de uno, entre tantos casos, de la deficiente atención médica que no requería de cuidados especiales, sucedió a finales de 2019: Una derechohabiente se presentó a consulta, con una inflamación estomacal atribuida al estrés. Después de esperar la asignación de consultorio porque, una vez más, su médico de cabecera no se había presentado a laborar, fue canalizada con otro doctor. Esperó unos minutos y… fue atendida en un consultorio, que por la cantidad de papeles, carpetas y expedientes, parecía más archivo, y además carecía de mesa de exploración. En este lugar atendían dos doctoras, cada una en su escritorio y con su computadora. Después de escuchar los síntomas, anotar en el expediente digital (le hicieron notar que nunca la había revisado su médico de cabecera), al explorar el estómago, sin mesa, le solicitaron a la paciente sentarse al filo de la silla con la espalda recargada en la misma y… así le “revisaron” el abdomen. Ella se quejó y la respuesta fue: “Antes diga que no se le está negando el servicio; son muchos pacientes, pero se le brinda la atención”. Ni hablar, no la exploraron de forma correcta pero la escucharon. Si esto sucedió con un mal menor, ¿qué hubiera pasado con una urgencia? Con la salud, no se juega.
Eso me remite a la valiente denuncia que hizo el doctor Carlos Leal, del Instituto Nacional de Pediatría, sobre la falta de insumos en los hospitales públicos para atender a niños con cáncer; él, como oncopediatra en proceso de jubilación, expuso con claridad el problema porque, como están las cosas hoy, es imposible realizar su tarea de forma adecuada. En este arranque del 2020, derivado de decisiones irresponsables (desaparecer el Seguro Popular que dejó desprotegidas a alrededor de 51 millones de personas en situación vulnerable), muchos mexicanos que tienen problemas de salud se han visto obligados a pagar con exceso por los servicios especializados de tercer nivel.
Se supone que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) arrancó funciones el primero de enero para atender a todos los que no cuentan con seguridad social. La idea, según se ha mencionado desde la tribuna presidencial, es garantizar el servicio médico y los medicamentos de forma gratuita para todo mexicano que tenga CURP (Clave Única del Registro Nacional de Población). Claro que lo que no se menciona es que muchos recursos económicos fueron severamente disminuidos en el Presupuesto de Egresos 2020. Eso significa que se tiene menos para atender a una población mayor, en clínicas y hospitales que requieren mantenimiento y mayor infraestructura. Más enfermedades crónico degenerativas, menos actividades preventivas, por mencionar algunas. Sin dinero, poco se puede hacer. Otorgar recursos públicos de manera desmedida, son acciones concretas; las palabras, solo son deseos. Reitero, con la salud no se juega.
En este proceso de transición entre el Seguro Popular y el Insabi ha prevalecido la confusión, falta de claridad, porque no hay reglas de operación, no hay suficiencia en la información y son abundantes las interpretaciones, desde Palacio Nacional, para afirmar la gratuidad en los servicios o el servicio que deben prestar los directivos médicos y observar las disposiciones normativas. Entre azul y espera del servicio… solo reina la contradicción y el caos. “El gobierno hizo la transición oficialmente a un nuevo sistema de salud conocido como el Instituto Nacional de Bienestar. Pero hay informes de inconsistencias en la provisión de servicios”. Así lo señaló el Grupo Eurasia, consultoría especializada en detectar factores de riesgo político para inversionistas.
Lo cierto es que después de 12 meses, el gobierno federal no ha podido resolver el desastre en materia de salud. Es público y notorio el desabasto de medicamentos, la carencia de materiales para realizar análisis y estudios clínicos, la falta de mantenimiento a las clínicas y hospitales, la combinación de ineficiencia en el ejercicio del gasto público, las medidas de austeridad y la falta de reglas de operación, además de fallas administrativas, sujetas a interpretación. Ante cualquier duda o manifestación por la salud pública, la respuesta es recurrente ¿¡qu…Insabi¡?
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