El titular del Ejecutivo Federal se ha ocupado más de ir por sus enemigos políticos que en atender los problemas del país.
Entre las muchas acciones presidenciales que nos han llevado al caos, está hoy la directa y constante manifestación del primer mandatario de mantenerse dentro de la contienda electoral del 2021, aunque de palabra diga todo lo contrario. A toda costa, se trata de una clara estrategia de no estar en los dichos, pero sí en los hechos, dictar las reglas del juego electoral para evitar la caída de su partido, conservar la mayoría parlamentaria y seguir con su gobierno ególatra y autocrático, en el que solo sus “propios datos” y sus decisiones cuentan. Sólo así legitima la concentración de su poder.
Las recientes declaraciones que ha hecho sobre el caso Lozoya evidencian que bajo la piel de “demócrata” que ha vendido al “pueblo bueno y sabio”, está su clara intención de echar toda la carne al asador para desacreditar al PAN, su principal opositor y eterno blanco de ataque, lo cual es pisar un terreno muy peligroso, no por lo que represente la constante y rencorosa descalificación hacia su enemigo identificado, sino por el riesgo de anular la independencia, autonomía y credibilidad de todo un poder de la Unión, el Legislativo, al crear una percepción pública de corrupción que deslegitima la representación política del Congreso de la Unión y fortalece el autoritarismo del poder, porque le garantiza la modificación irreversible de las leyes, según sus propios intereses, para perpetuar en el poder, a su movimiento y a su persona.
Detrás de los términos del acuerdo con el que convencieron a Lozoya a “hablar, denunciar y señalar públicamente” a priistas, panistas y a diversos políticos supuestamente involucrados en el caso Odebrecht, a cambio de un beneficio de oportunidad para gozar de impunidad, de libertad, él, su madre, hermana y esposa, está la perversa tentación presidencial de mantenerse en la arena electoral y manipular la realidad para su beneficio personal. Es claro el deseo del mesías de que Lozoya le diga lo que quiere escuchar para utilizar la bandera de lucha contra la corrupción para politizar la justicia –que sin duda alguna también ha sido selectiva en esta administración–. En estos momentos, quien más disfruta y aprovecha el “espectáculo mediático de la justicia” para acarrear votos a su molino, es el propio López Obrador.
Todos estamos de acuerdo con el combate a la corrupción y que quienes estén involucrados en actos ilícitos del pasado o del presente deben ser castigados; sin embargo, cuando el presidente, desde sus conferencias matutinas, señala, acusa y asegura actos que la justicia debe todavía comprobar, lo que se percibe es más bien una venganza que nada tiene que ver con combatir en serio la corrupción, porque sus simples dichos en este momento ya sentenciaron ante la opinión pública a personajes que están en su derecho de defenderse, pero que se encuentran en completa desventaja ante el titular del Ejecutivo Federal que se ha ocupado más de ir por sus enemigos políticos que en atender los problemas del país.
El testimonio de Lozoya le viene como anillo al dedo, en una doble vía, al autoproclamado “guardián” de las elecciones, que acusa a los que “me quieren callar para dejarle todo el espacio a los conservadores e impedir al pueblo votar libremente”. Por un lado, desviar la atención del pésimo manejo de la pandemia y de las crisis económica y de seguridad que se han agudizado, y por el otro, jugar a su modo en la contienda electoral, manteniéndose en el centro de atención, con el propósito de ser la única figura que trabaje y cuide el triunfo de sus incondicionales en las urnas.
Por eso sigue con sus giras, conferencias de prensa, declaraciones, así como con sus tácticas para asegurarse de dinero público. En una de sus conferencias matutinas, el inquilino de Palacio Nacional hizo un “reclamo fraterno” al coordinador del partido oficial en la Cámara de Diputados, por no haber incluido en el periodo extraordinario lo relativo a la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en concreto el Poder Ejecutivo, tenga facultades para disponer de los fideicomisos (manejar recursos económicos a su libre entender) y la capacidad para comprar directamente medicamentos en el extranjero, y acusó la imposición de “intereses creados”
Al margen de la deplorable imagen de un Poder que regaña a otro Poder en nombre del pueblo, es claro que en el horizonte presidencial no existen la construcción de acuerdos, ni de consensos ni mucho menos la democracia, porque solo es válida su imposición.
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