No bastan los pronunciamientos en contra de la impunidad. Se requiere la exigencia de aplicar la ley para perseguir y castigar a los culpables.
Por si no fueran suficientes las malas noticias que recibimos de manera recurrente, ya sea por la crisis económica, la de salud y la de inseguridad que se han agudizado a partir de la pandemia, aparecen el enojo, la indignación, el estupor, el coraje, la impotencia, irritación, ira, parálisis y otros tantos sentimientos ante tres hechos que marcaron la semana que terminó:
La denuncia de un menor de edad, abusado sexualmente por un diputado federal, quien con engaños lo contrató y le ofreció pagarle clases de inglés, y que amparado en el fuero hoy está libre en lo que se inician las investigaciones correspondientes. Indigna el uso del poder político y económico del legislador para callar y someter a la víctima. Ninguna cantidad de dinero puede compensar la violación a la dignidad de una persona.
No salíamos del asombro por este acontecimiento cuando se difundió el demoledor audio de la agresión que una maestra de inglés sufrió por parte de su pareja, en plena clase virtual, solo por haber tenido la “osadía” de utilizar su computadora para cumplir con su deber docente. ¡Inaudito pretexto para golpearla, agredirla, humillarla y demostrar así la superioridad física de quien se cree inmune ante ese delito!
Mediante un video vimos el acto de violencia del candidato de Morena al gobierno de Zacatecas en contra de su correligionaria y aspirante a la presidencia municipal de Juchipila, al tocarle los glúteos en un recorrido público, quien tiene una reacción natural de sorpresa. Más allá de la injustificable defensa de la agredida a su agresor, es indignante la reacción prepotente de quien tiene plena seguridad de que no va a pasarle nada, es más, que ni siquiera tendrá que preocuparse por acusaciones, porque tiene el poder político para someter a quien sea.
A todas luces, lo que vimos y lo que escuchamos sobre estos hechos es moralmente inaceptable. En ninguno de estos casos las víctimas merecen ser señaladas, pues ya sufren, de antemano, el daño de estas acciones reprobables. Es evidente que de ninguna manera tienen la culpa ni deben avergonzarse por los amargos capítulos que les tocó vivir; no deben sentir ni miedo ni el peso social sobre sus hombros ni las miradas del escrutinio público que las califican.
Después de las agresiones recibidas, es el Estado el que debe garantizar la impartición de justicia, asegurar que los delincuentes paguen por sus ilícitos y demostrar que los infractores recibirán el castigo por transgredir la norma y atentar contra la dignidad de las personas.
Quienes hacemos política tenemos la obligación de hacer la diferencia para dignificar el ejercicio de nuestras funciones, con la responsabilidad con la que asumamos el encargo público y en el esfuerzo consciente y auténtico de que desde la trinchera que a cada quien nos toca defender, todas y todos debemos rechazar y luchar contra todo tipo de abuso y/o arbitrariedad de los delincuentes.
Ningún instituto político está exento de conductas ilícitas, ni tampoco de normalizarlas y reconocerlas como prácticas comunes, pero sí está obligado a denunciar toda violencia que se cometa en contra de mujeres y menores de edad. No bastan los pronunciamientos en contra de la impunidad. Se requiere la exigencia de aplicar la ley para perseguir y castigar a los culpables.
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