El gobierno federal carece de una estrategia para combatir al crimen organizado y garantizar seguridad a los mexicanos.
Los datos oficiales nos muestran que un día supera a otro en muertes violentas, robos, secuestros, acciones delictivas de narcotraficantes, entre otros muchos casos, en diferentes estados de la República Mexicana. El 26 de junio conocimos lo que fue el atentado, supuestamente por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como de los muertos hallados en una carretera de Fresnillo, Zacatecas, o los registrados en Sinaloa, Guanajuato y Sonora.
Todos estos hechos reflejan que, en seguridad, como en salud y economía, este gobierno está totalmente rebasado. Digamos que la no estrategia de seguridad de esta administración, de “abrazos”, ha servido sólo para cobijar a los delincuentes y darles rienda suelta para repartir “balazos”, porque ellos buscan imponer sus condiciones para hacer lo que quieran, cuando quieran, y así ampliar sus territorios de poder y control.
Es preocupante escuchar las palabras del titular de Seguridad y Protección Ciudadana –que por cierto confirmó las amenazas a funcionarios que habían recibido hace una semana–de que “el gobierno federal continuará combatiendo al crimen organizado y nada detendrá este compromiso… lo cual se hará con firmeza, pero sin estridencias… La lucha está basada más en inteligencia que en la fuerza y con respeto a los derechos humanos”. Estas afirmaciones sólo comprueban el debilitamiento y la ineficacia de las instituciones de seguridad. ¿Cómo se explica a los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida, en cumplimiento de su deber o por daño colateral, que el gobierno dice que tiene una “estrategia inteligente”, que contó con la información de un posible ataque y no tomó las medidas pertinentes? Lo único que implica es soberbia, ceguera e incapacidad para defender el derecho fundamental de toda persona: su vida.
Por si fuera poco, resulta absurda la defensa de lo indefendible de integrantes del gobierno, que nada dijeron ante la confesión del presidente López sobre la orden que dio para liberar al hijo de el Chapo o por el saludo presidencial a la abuela de esta familia. Lo que sí es una irresponsabilidad son los mensajes cargados de rencor que circulan en redes sociales: “los sicarios del narco son la contracara del sicariato mediático” o “el narco actúa con la derecha golpista, realiza acciones de alto perfil mediático y político y hace así su aportación al plan de desestabilización”. Más allá de las descalificaciones a la oposición, parece que estos personajes olvidan que los mismos cárteles tienen sus propios intereses, dinámicas, formas de defenderse, de manipular y someter a la autoridad.
Los dichos y actos del inquilino de Palacio Nacional han sido incongruentes entre sí. Hace unos días el primer mandatario pidió no proteger a delincuentes, cuando él ha tomado la iniciativa de hacerlo. La realidad debería ubicarlo en que esto no es un juego. Tiene que definir si está a favor de la mayoría de la población y su seguridad o está por la simulación de hacer cumplir la ley.
Mientras no se entienda que los enemigos no son los neoliberales, ni los conservadores, ni los ciudadanos, ni los adversarios políticos, ni las instituciones, sino que el enemigo común es la delincuencia organizada, que ha demostrado estar más organizada que el gobierno en turno, no alcanzaremos un real Estado de Derecho en el que impere la ley.
Es momento de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública deje de ser un florero más, actúe con responsabilidad y le diga al presidente que ante sus fallidos llamados al “buen comportamiento de los criminales”, es urgente plantear una estrategia. Basta ya de vivir en violencia extrema que a todas y todos nos pone en peligro.
Los dichos y actos del inquilino de Palacio Nacional han sido incongruentes entre sí. Hace unos días el primer mandatario pidió no proteger a delincuentes, cuando él ha tomado la iniciativa de hacerlo. La realidad debería ubicarlo en que esto no es un juego. Tiene que definir si está a favor de la mayoría de la población y su seguridad o está por la simulación de hacer cumplir la ley.
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