Hoy, el BOA es la prioridad presidencial en tiempos de crisis para seguir metido en la campaña electoral. Se olvida de la imparcialidad que le exige ser el representante del Estado Mexicano.
A un año de las elecciones de 2021, no hay un gobierno dispuesto a cumplir con la responsabilidad que asumió el primero de diciembre de 2018 de trabajar por el bien común y atender, atinadamente, las crisis que enfrenta nuestro país. A lo largo de estos meses, no ha sido capaz de gobernar sin rencor, sin odio, sin filias ni fobias, sin el llamado constante a la polarización y a la división, lo que conlleva terribles consecuencias para la vida nacional.
Según los reportes oficiales, México tiene cifras alarmantes en seguridad y salud, así como en pérdida de empleos: el 7 de junio, se registró el día más violento del año, con 117 ejecuciones; se tuvieron más de 5 mil nuevos contagios de COVID-19 en un día, y para rematar, más de un millón de personas –durante marzo, abril y mayo–, perdieron su empleo.
Se sumaron a este panorama de incertidumbre múltiples manifestaciones, como las del reclamo del personal médico que, en su legítimo derecho, continúan con la demanda de condiciones mínimas de protección y seguridad para atender a los pacientes con coronavirus (no debemos olvidar que también tienen familia y una vida por delante que merece la respuesta inmediata de las autoridades).
También hubo protestas que, con el reparto de licencias de impunidad, por lo menos en la Ciudad de México, saquearon comercios y destruyeron espacios públicos sin que nadie asuma ni la responsabilidad de las acciones, ni la responsabilidad de las omisiones de los actos de autoridad, la cual permite que los vándalos se queden con lo ajeno o que destrocen patrimonios particulares.
En medio de estos problemas y ante la evidente debilidad del Gobierno Federal para dar resultados, el presidente, aprovechando la cercanía de las próximas elecciones, decidió desviar la atención de lo urgente y hacer un llamado nacional para definir si se está con él y su transformación o se está en contra. No hay medias tintas, solo dos bandos: el de los “buenos liberales” y el de los “malos conservadores”.
Si ayer alguien lo apoyó con la esperanza de un cambio y hoy critica la simulación y contradicción de sus decisiones, es un traidor. Los que ayer sirvieron a la causa electoral, que denunciaron los abusos y corrupción de las anteriores autoridades y hoy hacen lo mismo, no sólo son censurados, sino callados y atacados con toda la violencia política del Estado. Patética intolerancia.
No es nueva la táctica presidencial. Desde hace meses comenzó una estrategia perversa pero útil para ser aprovechada en 2021: minar las libertades y los derechos de las y los mexicanos; debilitar a las instituciones y continuar con el “divide y vencerás”.
El Gobierno está rebasado y el presidente decide enfocar su energía en el ataque a un supuesto “Bloque Opositor Amplio”, BOA. Parece que utilizó un recurso indigno de la investidura presidencial: presentar un documento que él dice fue “anónimo”, pero que se ha dicho, salió de sus propias oficinas.
El inquilino de Palacio Nacional sabe muy bien lo que hace, y lo cierto es que el país no se trata de él, sino de cómo la política pública resuelve los tantos problemas que se tienen. Si ha sido opositor radical, dispuesto a confrontar y desafiar a cualquiera que estuviera en su contra, ¿por qué no utilizar el autocomplot para desviar la atención ante la grave situación de la administración que encabeza? Aún más, ¿desde cuándo está prohibido ser oposición en México? ¿De cuáles resultados de su gobierno deberíamos estar orgullosos las y los mexicanos?
Hoy, el BOA es la prioridad presidencial en tiempos de crisis para seguir metido en la campaña electoral. Se olvida de la imparcialidad que le exige ser el representante del Estado Mexicano.
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