La mal entendida austeridad morenista no hará más que recrudecer las crisis en las que vivimos. En nuestras manos está evitar que esta historia se repita.
De nada valieron las argumentaciones técnicas, operativas, es más, de sentido común, que los legisladores de oposición realizamos en tribuna para que los diputados de Morena y sus aliados de ocasión entraran en razón y reorientaran el gasto del Presupuesto de Egresos 2021. Oídos sordos e indiferentes no sólo ante evidencias, sino ante la realidad misma que abruma a gruesos sectores de la población.
El recuento de los daños ocasionados –durante este año y el pasado– por las decisiones presupuestales similares, enfocadas a atender los caprichos presidenciales y no las necesidades de la población, fueron ignorados. “Voy derecho, no me quito y con mi voto decido” es la consigna que se ordenó a la mayoría en el salón de sesiones.
Vaya afectación se llevaron estados y municipios con los más de 30 mil millones de pesos que les recortaron, sin importar que estos tienen que enfrentar retos, problemas y emergencias en materia de servicios básicos, salud, educación, seguridad pública, economía (por cierto, a Tlaxcala le tocó una reducción presupuestal del 7.9%; es decir, 1,118 millones de pesos menos). El gobierno morenista pretende que las autoridades estatales cuenten con un sistema más robusto para recaudar impuestos locales, pero no existe congruencia con la repartición del gasto, derivado de la tributación federal.
Entre muchos otros rubros que se vieron afectados con la aprobación de este presupuesto, está la inseguridad del país, condenada a combatirse con abrazos, mientras cada día crecen las cifras de homicidios y feminicidios. Tal parece que la obligación del Estado mexicano de salvaguardar la vida de sus habitantes puede esperar, sin importar los casi 471 policías asesinados ni el dolor de las más de 65 mil familias que han perdido a seres queridos en lo que va del sexenio.
Tres secretarías verán incrementado su presupuesto: la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con 63 mil 441 mdp; la de Defensa, con 112 mil 557 millones de pesos, y la de Marina, con 112 mil 557 millones de pesos. Todos estos recursos no hacen más que resaltar el tiro de gracia que le propinaron al desmantelamiento de las policías estatales y municipales con el recorte de alrededor de 4 mil millones de pesos al subsidio del Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg), que mantenía condiciones mínimas de operatividad de las policías municipales, con mejoras laborales, capacitaciones y mejor equipamiento e infraestructura.
Queda claro que la prioridad del gobierno es la Guardia Nacional, que no es otra cosa que mantener militarizado al país y después dejar en ceros al Fortaseg. Ahora ese recurso pasará a la Guardia Nacional, la que además va a recibir algo así como 35 mil 671 millones de pesos para hacer tareas nada más y nada menos que de construcción –como el aeropuerto de Santa Lucía– o de contención de migrantes, por mencionar algunas que en nada detendrán los 100 asesinatos que en promedio se registran a diario.
Es así que la seguridad pública se mantendrá como uno de los reclamos recurrentes de la población, porque para esta administración lo importante es apostar a los programas asistenciales, dirigidos a controlar su estructura electoral. No puede existir una política pública eficiente si no hay dinero suficiente. Y frente a la ineficacia institucional, después de dos años sin resultados, está la constante “justificación” de que heredaron un desastre del pasado.
Las y los mexicanos no merecemos la mentira de que los problemas nacionales se resuelven con palmaditas en la espalda, sermones matutinos sobre el neoliberalismo o clases de historia con los otros datos de Palacio Nacional. La mal entendida austeridad morenista no hará más que recrudecer las crisis en las que vivimos. En nuestras manos está evitar que esta historia se repita.
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