En la defensa de los fondos comprometidos, se ha demostrado que los argumentos del gobierno están sustentados básicamente en tres mentiras.
El inquilino de Palacio Nacional acusó, hace unos días, con relación a la extinción de 109 fideicomisos, que los diputados de oposición defendimos a ladrones y procesos de corrupción. Disiento. Es falso, como todas y cada una de las líneas de su repetitiva narrativa que divide. Ni por equivocación, por más que lo reitere, sus dichos se convertirán en verdad.
En Derecho hay un principio general, y más en materia penal, que reza que “todo aquel que afirma está obligado a probar”. Desde principios de abril se señaló la corrupción en estos fideicomisos y hasta la fecha no se ha presentado ni una sola prueba; ni siquiera se contempló la presunción de inocencia en los señalamientos contra los fideicomisos.
Hay obligación de probar las acusaciones, con evidencia contundente y no palabrería de ocasión. ¡Qué falta de ética sembrar la duda de esta manera! Antes de aniquilar, debió hacerse una investigación a todos y cada uno de los fideicomisos para que, en caso de existir irregularidades, realizar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente y castigar la corrupción. Y esto no solo aplica para el pasado; también le toca a esta administración. Saludable es poner un alto a la simulación, abusar de la mentira para justificar el autoritarismo.
En la defensa de los fondos comprometidos, se ha demostrado que los argumentos del gobierno están sustentados básicamente en tres mentiras:
Opacidad. Falso. Los fideicomisos cuentan con una estructura y con un Comité Técnico que transparenta y da cuenta del origen, uso y destino de esos recursos. Es necesario aclarar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conoce los movimientos de dichos fideicomisos.
Discrecionalidad. Falso. Cada uno de los fideicomisos obedece a reglas de operación específicas estipuladas por sus propios Comités Técnicos. Sin un mandato específico que justifique un determinado gasto, nada más la institución bancaria no libera los recursos. En palabras simples, tienen reglas mucho más rigurosas que las del propio gobierno. Claro, si el presidente es el ejemplo del uso discrecional de los recursos públicos, es lógico que la normatividad le saque urticaria; lo que anhela es disponer del dinero ajeno sin rendir cuentas.
Todos los fideicomisos son iguales. Falso. No hay explicación del por qué se eliminaron estos 109 y no otros de los poco más de 300 que existen en el país. ¿Qué criterio prevaleció para seleccionar los que se eliminaron? Fue la lógica de “utilidad” para fines políticoelectorales.
Contrario a lo que se piensa, esta medida obedece más a control político –que afecta derechos y libertades–, que a austeridad, transparencia y rendición de cuentas. Ahora, la asignación presupuestal obedecerá a razones más políticas que técnicas; de manera selectiva, se entregará dinero público, sin importar el objeto de cada fideicomiso de la ciencia y tecnología, la cultura, la educación, el cine, la investigación, el deporte, la protección de derechos humanos y de periodistas, la atención a las víctimas, o para apoyar a damnificados de desastres naturales, entre otros.
Me preocupa en particular la eliminación de fideicomisos relacionados directamente con la defensa y protección de la vida, principal derecho humano que el Estado está obligado a preservar y que, por no hacerlo, luchan y trabajan muchas y muchos defensores que ya no tendrán recursos para garantizarles su vida y su integridad.
Hoy está en la cancha del Senado de la República frenar las decisiones de un Estado inoperante. Debe ser humano y sensible con respecto a las necesidades sociales. Si lo que existe no es funcional, por corrupción de los funcionarios –que dicho sea de paso dependen de este gobierno desde hace dos años–, lo lógico es investigar y castigar a los responsables. Las y los mexicanos no merecen estos castigos, no merecen esta violencia institucional. En Acción Nacional no dejaremos la lucha por defenderlos de los abusos del poder.
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