No hay ley que cambie conducta humana y aunque los servidores públicos, cuando asumen su encargo, juran cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, se hace forzosa la voluntad política para hacerlas realidad.
Ante los trágicos hechos de Teuchitlán, Jalisco, la presidenta de México anunció que la siguiente semana mandará una serie de modificaciones legislativas, para atender la crisis de desapariciones que nos mantienen, como país, en el ojo del huracán.
Ante esto, me surgen las siguientes preguntas:
1. ¿En verdad la solución son más leyes, cuando las que existen no se cumplen?
2. ¿Han respetado el artículo primero constitucional que obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos?
3. ¿No es suficiente la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicada desde el 7 de noviembre de 1996, que establece las reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de penas, por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia organizada y cuyas disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional?
4. ¿Se ha cumplido acaso lo que mandata la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, discutida y aprobada el 17 de noviembre de 2017 que, entre otras cosas, establece los tipos penales en la materia?
5. ¿Se aplica acaso lo estipulado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que entre otras cosas establece que existe trabajo forzado cuando se obtiene mediante el uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, coerción física o amenazas de coerción física a las personas, o bien utilizando la fuerza o amenaza de la fuerza de una organización criminal?
6. ¿Se ha aplicado la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos?
Me podría seguir con un listado enorme de leyes que, a la luz de los hechos, pueden considerarse, sin ninguna duda, como letra muerta, como muertas están las esperanzas de millones de mexicanos que no encuentran, en sus gobiernos, la solución a los problemas de violencia que los aquejan.
México ha pasado por grandes tragedias que dejaron marcas imborrables en nuestra memoria histórica que, de haberse atendido, investigado y sancionado, tendríamos la garantía de no repetición, se habría erradicado la nefasta impunidad que alienta a los criminales a seguir delinquiendo en el “país de no pasa nada”.
Lo más patético es que muchos de los actores políticos responsables de las mismas se encuentran hoy más vigentes que nunca, amparados por el velo purificador de “la transformación” y para colmo, los que ayer se desgarraban las vestiduras señalando la responsabilidad de los gobiernos federales en turno, ahora que tuvieron la oportunidad de realizar los cambios prometidos, nos demostraron que su participación era solo parte de una estrategia perversa con cálculo y rédito político electoral.
¡No, no hacen falta más leyes! Se requiere una nueva clase política, que asuma la responsabilidad de lo que implica el servicio público, que tenga como principio generar bien común, que atienda el dolor ajeno y evite el dolor evitable.
Lo cierto es que quienes hoy están al frente de las instituciones -empezando por la titular del Ejecutivo Federal-, están más preocupados por mantener sus clientelas electorales que por resolver los problemas de fondo, mientras el país colapsa, aun cuando en sus manos tienen todos los recursos humanos, materiales y económicos para evitarlo.
Ayudados por los propagandistas del régimen, no tienen empacho en generar narrativas que niegan la realidad, se inventan enemigos, se desdeña e ignora a las víctimas. Para desgracia de México, con este segundo piso pasamos de la crítica a la verdad histórica a la imposición de la mentira cínica.
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