Es preocupante el panorama que se avecina para México. La información internacional nos ha permitido observar la evolución de la pandemia del coronavirus primero en Asia, luego Europa, y ya en el Continente Americano.
Los principales líderes europeos reconocen que es “la peor crisis de salud pública de esta generación” (primer ministro inglés, Boris Johnson, contagiado); que “ningún desafío a nuestra nación ha exigido tal grado de acción común y unidad” (canciller alemana, Ángela Merkel) o “estamos haciendo frente a una crisis nueva y distinta, sin precedentes, muy seria y grave” (Rey Felipe VI de España), mientras que Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos alerta que “se acaba el tiempo” para evitar la propagación internacional del coronavirus.
Estas declaraciones fueron llamados para que el gobierno mexicano se activara y trabajara en un plan de emergencia, ante la posibilidad de agudizar aún más la crisis de salud que ya existe (con el desabasto de medicamentos o la falta de atención a un importante sector de la población por la desaparición del Seguro Popular, entre otros aspectos), a la cual hay que sumar las crisis económica y social que tenemos en puerta. De todos lados llegaron alertas para disminuir el impacto sanitario y… se decidió esperar; se hizo caso omiso, porque en Palacio Nacional siempre se tienen otros datos, digamos que es un datavirus personal.
Al margen de ser un claro referente mundial –ahí están los rotativos internacionales– sobre lo que no se debe hacer en tiempos de crisis sanitaria, así como la irresponsabilidad e indiferencia de esta administración, los dichos y las acciones del presidente están muy alejados de lo que se espera de un hombre que dice “cuidar” la investidura presidencial y según él, preocuparse por el “pueblo bueno”. Se cree inmune al virus, tal y como lo concibe el gobernador de Puebla (dice que sólo los “ricos” adquieren este virus… que a los pobres no les pasa nada). No es novedad utilizar el sello de la casa, que es etiquetar a las personas y los hechos, para justificar un problema no atendido. La realidad en datos es otra: los virus atacan, se transmiten y contagian sin reconocer sexo, raza (de oro o bronce), edad, religión o clase social. No es selectivo, es contagioso.
“No es lo mismo de antes”, dicen. No, es peor, porque con gran rapidez se difunde el datavirus presidencial, alimentado con sus propios datos, que expone a millones de mexicanas y mexicanos a transitar por la penumbra que mata.
A pesar de información real, el primer mandatario se basó en sus propios datos y se negó a implementar oportunamente medidas preventivas para evitar contagios masivos, pese a que los gobernadores de Jalisco (fue el primer estado que lo hizo), Querétaro, Tamaulipas, y recientemente los del Estado de México y de Sinaloa, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México y la gobernadora de Sonora, entre otros, consideraron la urgencia de recomendar a las y los ciudadanos quedarse en sus casas, además del cierre de lugares concurridos como cines, teatros, bares, centros deportivos. Los datos reportados hasta el viernes 27 de marzo: 717 casos confirmados y 12 fallecidos, sin saber siquiera cuántas pruebas de detección se han hecho (medida que evitó un contagio mayor en Corea del Sur) y ahora, sin saber si los casos que se han detectado como neumonías atípicas, no son realmente casos de Coronavirus, lo cual es una muestra de la inconsistencia de las cifras, es decir, hay algo que no se mide o hay algo que no se dice.
Ante la acción ciudadana para quedarse en casa y autoimponerse medidas de cuidado, era inevitable el cierre hasta del gobierno federal. Sin duda, el impacto en la vida económica y social es demoledor, sobre todo, por la ausencia de un plan o paquete de medidas (incentivos fiscales) que permita mitigar las consecuencias y, lo más importante, conservar los empleos.
La mayoría de los jefes de estado, conscientes de la situación, han comenzado a diseñar proyectos financieros para proteger a la población. Asumen la responsabilidad y entienden que lo más importante para cada ser humano es cuidar la vida y procurar la salud. En América, países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú, han presentado paquetes fiscales con apoyos económicos para afrontar la catástrofe de la crisis sanitaria.
Mientras tanto, el presidente de México, con consultas ciudadanas amañadas, decide imponer sus decisiones, destrozar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, y declara que no se rescatará a las empresas bajo ningún plan fiscal emergente que permitiría a la industria privada contribuir a la protección social de millones de trabajadores (formales e informales) que están en riesgo. Caray, me parece que no le han informado que en México no hay crecimiento económico desde 2019, y si a eso le sumamos la devaluación del peso mexicano (llegó hace unos días a 25 pesos por dólar) y la baja de los precios del petróleo, no es explicable por qué no quiera activar la economía en tiempos de crisis.
¿Hasta cuándo va a entender el presidente López Obrador que sus propios datos están terminando con muchas vidas; que están reproduciendo esos esquemas de impunidad que tanto ha recriminado públicamente, sin que haya responsables que asuman la culpa y reciban sanciones o castigos por las acciones omitidas; que la política pública no se puede sustentar en amuletos y estampitas?
Brevemente me detengo en el impune caso del Hospital de Pemex, en Tabasco, que después de nueve personas fallecidas oficialmente, el gobierno se lava las manos y deja a los familiares de las víctimas en un total estado de indefensión e impunidad, porque hasta la fecha no hay nadie que haya dado la cara ni se haya hecho responsable del suministro de medicamento contaminado.
A ello, se suman las legítimas preocupaciones existentes por las condiciones de inseguridad pública, por el incremento de actos de la delincuencia organizada, de homicidios por todos lados, y qué decir del aumento de casos de feminicidio. Muchos señalamientos, pero no hay ni detenidos ni capturados, y hasta ahora, tampoco hay detenidos por los delitos cometidos.
El mensaje del gobierno es claro: perdón y olvido para criminales, y descuido, persecución y presión para quienes generan empleos. Lamentablemente no hay evidencias para pensar que, ahora sí, va a asumir su responsabilidad.
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