Hay que insistir en que lo mínimo que debería pasar hoy, es que el gabinete de seguridad renuncie.
Las campañas electorales federales de 2012 y 2018 tuvieron un tema constante en las agendas de los candidatos presidenciales: la seguridad de las mexicanas y los mexicanos, y no necesariamente porque hubiera un interés genuino en combatir la delincuencia, sino porque la estrategia electoral se basó en la denostación del gobierno que culminaba su periodo.
Más allá de entrar en la polémica y detalle de cómo actuaron los titulares del Ejecutivo Federal en esas administraciones, lo cierto es que la delincuencia organizada y el narcotráfico en nuestro país ganaron terreno y ampliaron sus redes muchos años antes, por múltiples factores que seguramente tendremos oportunidad de describir en siguientes entregas.
No cabe duda que si algo ayudó a que López Obrador obtuviera el triunfo en el proceso electoral de 2018, fueron justamente sus constantes señalamientos y denuncias públicas de lo que a su juicio estaba mal hecho, así como su permanente promesa de cómo resolvería este lacerante problema: ¿ingenuidad, osadía o mentira?
Así, el pasado jueves 17 de octubre, la realidad no sólo golpeó con fuerza al gobierno federal, sino que impactó de frente a todos los habitantes por los hechos sucedidos en Culiacán, Sinaloa; que culminaron con la rendición de López Obrador ante el narcotráfico y, con ello, la muerte del Estado de derecho.
Se equivocan quienes piensan que a “la oposición” de López Obrador nos da gusto lo que sucedió y por ello nos pronunciamos; no, así no es. No hay que olvidar que las acciones del presidente no sólo le afectan a él, a su imagen o popularidad; daña enormemente la paz, la tranquilidad y la justicia para las miles y millones de víctimas de la delincuencia organizada; afecta la imagen de México ante el mundo y la posibilidad de inversión privada, por la fallida estrategia de seguridad.
No enlistaré todos los eventos trágicos que han marcado el primer año de gobierno de López Obrador en esta materia que, por cierto, son muchos. Sin duda, la última semana, lo acontecido en Aguililla, Michoacán e Iguala, Guerrero, antecedieron lo inaudito e increíble que resultaría el evento de Culiacán.
Digan lo que digan los defensores del presidente, justifiquen como justifiquen sus decisiones, es la primera vez que vemos con repulsión, cómo quien tiene la obligación y los instrumentos del Estado para combatir al crimen organizado, bajo el pretexto de “salvar vidas”, pacta con total impunidad con el narcotráfico y ante la vista de todos.
En principio, fue López Obrador quien puso en riesgo la vida de la población desde el momento en que basó su estrategia en “acusar con sus mamás a los delincuentes”. Específicamente en el caso de Culiacán, pretenden construir la narrativa del “salvador de vidas”, justificando la ineficacia, la falta de estrategia y la irresponsabilidad de un operativo mal planeado y ejecutado. Con la debida proporción, un padre de familia no pondría en riesgo a sus hijos pateando la puerta del vecino drogadicto, borracho y armado que hace fiesta todas las noches, sin antes saber el terreno que está pisando y prepararse para enfrentarlo.
Cientos de columnas y crónicas nacionales e internacionales describen a detalle lo sucedido en ese jueves negro; hay miles de opiniones en redes sociales, todas ellas distintas, pero más allá de lo que en términos personales se pueda opinar, los datos, cifras, acciones y contradicciones del gabinete de seguridad nos dicen, con claridad, que estábamos mejor cuando decían que estábamos peor.
Muchas interrogantes están aún sin resolverse, y usando las propias palabras del presidente cuando se fugó el Chapo Guzmán en el sexenio de Enrique Peña Nieto, hay que insistir en que lo mínimo que debería pasar hoy, es que el gabinete de seguridad renuncie.
Esa fue la exigencia del Grupo Parlamentario del PAN en la máxima tribuna del país. Y como también debe haber consecuencias sobre los delitos que se cometieron bajo la justificación de “salvar vidas”, el Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su secretario de Seguridad Pública, como responsables de la liberación de un presunto narcotraficante.
Te puede interesar: El fuero como licencia para insultar
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com
