Poco importan denuncias, amparos y reclamos.
Con el correr de los días, mexicanas y mexicanos nos damos cuenta que salvaguardar la vida no es prioridad para el Gobierno federal. Aún más, tal parece que sus acciones y decisiones obedecen a una política en la que la manifestación de inconformidad y el desacuerdo se pagan con la vida misma.
Basta ver el calvario que viven mujeres, niñas y niños: a poco más de 720 días sin medicamentos ni tratamientos oncológicos, entre otras muchas omisiones y simulaciones, es evidente que al gobierno morenista no le interesa resolver este asunto, como tampoco le importó en su momento, investigar y castigar a los culpables del suministro de medicamento contaminado, en marzo pasado, en el hospital de Pemex, Tabasco, que oficialmente cobró 13 vidas, aunque testimonios de familiares aseguran que por lo menos fueron 19 fallecidos.
Poco importan denuncias, amparos y reclamos. En más de una forma, niñas y niños, madres y padres de familia, mujeres y hombres enfermos, especialistas, legisladoras y legisladores de oposición, hemos alzado la voz en exigencia justa de su derecho a que el Estado cumpla con su obligación de garantizarles su vida; 1,680 familias, según la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, lloran a los enfermitos que no recibieron tratamiento.
No obstante lo difícil que ha sido para estas personas luchar contra la enfermedad, es inaudito que además batallen contra la insensibilidad de un gobierno que, a estas alturas, no acaba de entender lo necesaria que es una política pública de salud, y no un constante reparto de culpas al pasado, recorte presupuestal para el sector en nombre de una falsa austeridad y se limite a dar una condena de muerte, que en la voz oficial significa que “las personas que fallecieron… fallecieron”.
Precisamente para ayudar a quienes viven en este supuesto es que debe defenderse el seguro de gastos catastróficos, porque las familias viven una verdadera catástrofe –por lo costoso y largo de los tratamientos médicos–, que compromete sus bienes y su patrimonio.
Aunado a lo anterior, ahora el Gobierno debe explicar, investigar y castigar a los responsables de los robos de casi 38 mil medicamentos oncológicos (por cierto, de una empresa argentina señalada por la mala calidad de sus productos farmacéuticos); las poco más de 10 mil dosis de vacunas contra la influenza, y los 20 equipos médicos para diálisis, todos ellos acontecidos en lo que va de este mes de octubre. En breve, el grupo parlamentario de Acción Nacional presentará una denuncia penal para que estos hechos se resuelvan, y no se evada la responsabilidad y se quiera justificar con señalamientos a los gobiernos anteriores. Dicho sea de paso, la incapacidad en materia de seguridad ya alcanzó al mismo Gobierno, cuya política de ‘abrazos’ ya no desafía, sino que somete a la autoridad, a pesar de todo el despliegue tecnológico que existe, por cierto, heredado de administraciones pasadas.
Mientras el Gobierno no asuma su responsabilidad, poco o nada se podrá hacer en beneficio de la población. Es lamentable que centre su atención solo en programas clientelares, con miras al proceso electoral 2021, y no en una verdadera política pública. La tarea de las y los legisladores es ajustar los engranajes legales que obliguen al Ejecutivo, por mandato constitucional, a cumplir con su responsabilidad de atender esta demanda nacional de salud.
No hay razón para dejar en el abandono a las y los enfermos y condenarlos a muerte, sólo por decisión de un solo hombre.
Triste que hoy la disidencia pague su precio con la vida misma.
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