Exijamos que el Estado cumpla con su papel de garante de los derechos humanos de toda la población, en especial de las mujeres.
El reciente feminicidio de Debanhi, que se suma al de Fátima, Ingrid, Abril, Fernanda y una larga lista de las 12 mil 586 mujeres que han sido asesinadas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de diciembre de 2018 a marzo de 2022, de las cuales, sólo alrededor de 3 mil 300 han sido tipificadas como feminicidio, debe darnos un espacio para incidir en el ánimo social y reflexionar sobre lo trágico que resulta la falta de atención de este gobierno a lo que verdaderamente importa a las personas, más allá de los discursos de odio y de los números fríos de las estadísticas oficiales.
Frente a la conmoción del impacto mediático de los casos que se hacen públicos, se reacciona en lo inmediato, en el momento, con señalamientos, protestas, denuncias, adhesiones y actos de solidaridad de todo tipo, pero olvidando en el fondo que deben resolverse estos problemas por parte de las autoridades, mismas que están obligadas a informar cómo y qué política pública se aplicará para evitar que estas historias se multipliquen y que aumenten las carpetas de investigación sin resolución alguna, pues pocos son los agresores y asesinos que están en la cárcel.
Debemos dejar de impactarnos momentáneamente. Sucede que con el paso del tiempo, reímos para no llorar, hacemos el chiste para evadir. Olvidamos. Ya no recordamos a la pequeña Fátima que nos conmocionó, ni siquiera pensamos en Ingrid o en que Fernanda murió un 15 de septiembre. Ya nadie pregunta por ellas ni exige justicia para honrar su memoria. Dejamos pasar de largo los casos, quizás porque estamos tan familiarizados con el dolor ajeno y la implacable arbitrariedad, que sólo se atina a alimentar la inmediatez. Nos acostumbramos a las ofensas, omisiones y justificaciones oficiales con la esperanza de obtener algún tipo de atención a los graves problemas sociales.
La tragedia, en cualquiera de sus manifestaciones, sólo sirve para el discurso y alimenta la inmediatez, en respuesta al impacto de un momento que no trasciende. Después vendrán los defensores, de un lado y del otro, para señalar, repartir culpas, evadir responsabilidades y lo peor, sin solucionar el problema. Después no hay nada, solo impunidad.
Si bien debemos exigir que el presidente y su gabinete cumplan con las obligaciones que les marca la ley, y que los partidos de oposición hagan su parte, también tenemos la obligación de cuestionarnos si como sociedad hemos asumido un papel realmente activo para frenar y erradicar este mal que nos aqueja. No pretendo culpar a nadie, pero es necesario comenzar por asumir responsabilidades y aceptar que si nosotros no cambiamos la estrategia, las cosas sencillamente no van a cambiar por arte de magia. Todos tenemos una responsabilidad que cumplir.
¿Qué está sucediendo si a pesar de tener un marco jurídico que garantiza y defiende nuestros derechos -con la creación de un Instituto Nacional de las Mujeres en el 2001 y en el 2007 con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que nos ha llevado a empoderarnos y conquistar más espacios de poder y toma de decisiones-, hoy permitimos que las decisiones del presidente en esta materia -como en muchas otras- nos obligue a retroceder? ¿De qué han servido estos avances si no existe la voluntad de las autoridades para respetar y hacer respetar la ley?
Por eso es que como sociedad estamos llamados a la acción. No dejemos que el discurso del odio incitado desde el poder prevalezca. No nos acostumbremos a la ofensa ni a las omisiones. No olvidemos la importancia de tejer redes para consolidarnos. No permitamos que la inmediatez pública y social sea solo una respuesta al destello de efervescencia que pronto se olvida. Necesitamos dar pasos firmes, realizar acciones concretas que acompañen el activismo digital, unirnos para poner un alto a las arbitrariedades del poder público y, consecuentemente, su ineficiencia. Exijamos que el Estado cumpla con su papel de garante de los derechos humanos de toda la población, en especial de las mujeres. Nuestra participación es fundamental para frenar la violencia física, verbal, psicológica que hoy se vive. Actuemos ya, después puede ser demasiado tarde.
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