La iniciativa aprobada no atiende los daños a la salud surgidos por el consumo cada vez mayor de la marihuana, no atiende los efectos en las familias y en los jóvenes que consumen drogas.
Comienzo por decir a los lectores que –Hace mucho tiempo, todos teníamos un significado: sabíamos que teníamos un significado porque teníamos una mamá y un papá que nos lo decían, un Dios que nos ama y una sociedad que nos necesitaba.
Hoy, la gran mayoría de las personas pueden solamente contar con los dedos de una mano el número de personas a quienes les importa el otro. En la mayoría de los casos se percibe que a nadie le importamos realmente, ¿qué estará pasando?
Con la destrucción de la familia: padre–madre–hijos–hermanos, de la Iglesia y de la sociedad solidaria a nuestro alrededor, las razones que las personas tenían tradicionalmente para su propia existencia están en peligro de quedarse en el pasado y el resultado es predecible: cada vez hay más personas que sienten desolación, depresión, ansiedad, abatimiento, abuso de drogas y muerte.
Hemos llegado a una época en donde más importa la ‘cultura del descarte’ como lo percibe la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la cual en su comunicado No. 116/20 declara que;
“Acerca del uso recreativo de la marihuana y de otros productos psicoactivos derivados del cannabis, los profesionales de la salud y otras numerosas personas que han sido consumidores atestiguan que su uso en cualquier cantidad y presentación, reduce significativamente el dominio sobre sus propias acciones, y pone al consumidor en situación de riesgo grave para sí y para otros.”
Es muy dudoso que las personas que componen el Senado de la República Mexicana en su sesión plenaria del 19 de noviembre hayan llegado muy preparados y hayan leído y estudiado previamente a quienes han desglosado cabalmente y/o a dirigentes que hayan experimentado realmente el impacto de esta droga en la sociedad, sus efectos, sus derivaciones, etc. o solamente se estén guiando por la corriente ideológica de la ‘cultura de la muerte’ y del libertinaje sin ton ni son.
Veamos lo que dicen los expertos en esta materia. Hubo un enfrentamiento intelectual entre dos eminentes expertos que confrontaron su experiencia y que partieron de la siguiente pregunta: ¿Poseen las personas la libertad de rendir su propia libertad?
Uno de los expertos, cuya teoría es semejante a la decisión tomada por la Cámara de Senadores, es Milton Friedman, Premio Nobel Economía en el año 1976. Él decía que “el problema de donde surge la ‘despenalización’ es por la “demanda”. La ilegalidad crea ganancias obscenas que financian tácticas de muerte por los lores de las drogas, la ilegalidad conduce a la corrupción de funcionarios en aplicación de la ley, la ilegalidad monopoliza los esfuerzos de fuerzas de la ley honestas que necesitan recursos para luchar contra delitos más simples como robo, atraco o agresión”, pero una de sus razones principales para la legalización es que “la guerra a las drogas socava la libertad humana y la libertad individual”. Nos preguntamos ¿Cuál es el concepto de ‘libertad’ al que aduce Friedman? Ya que el consumo de una droga hace esclavo al consumidor. Y más adelante dice que “legalizar las drogas, reducirá simultáneamente la cantidad de delitos y aumentará la calidad de la aplicación de la ley”, sin embargo, reconoce que “los adictos cometen de un tercio a la mitad de todos los delitos en Estados Unidos”.
En respuesta a la teoría de Friedman, William J. Bennett, quien fue Director de la Oficina de Política Nacional para Control de Drogas y después Ministro de Educación en EEUU, responde a Friedman que no es nada nueva su teoría de la legalización y que ésta no lleva a ninguna solución del problema.
Responde que la premisa básica en esta propuesta de ‘legalización’ es que utilizar las leyes nacionales para luchar contra las drogas es demasiado costoso. Pero, dice que “la verdadera pregunta que debe hacerse, y que es totalmente ignorada por los defensores de la despenalización es ¿Cuál es el costo de no ejecutar las leyes contra las drogas?” Él mismo contesta a esta pregunta argumentando que están de acuerdo muchos otros académicos en que “los costos potenciales de legalizar la droga serán tan grandes que harán un desastre de las políticas públicas… En definitiva, se incrementará el uso de la droga, aumentarán los costos del seguro a la salud, habrá más accidentes causados por la droga…”.
La mayoría de los adictos no desean ayuda hasta que se ven obligados, y esto es a menudo bajo el sistema de justicia, lo cual se cree que es la base del problema. Y continúa con su análisis diciendo “La mayoría de los adictos no cometen delitos por causa de su hábito, sino que ya estaban involucrados en actividad delictiva previamente a su hábito en la droga y aunque las drogas sean legales, ¿qué evidencia se tiene de que el usuario habitual de droga no continuará cometiendo algún delito? Quienes consumen una droga (en este caso, la marihuana en su uso ‘lúdico’), siempre buscarán otra droga, o consumir cada vez más de la que esté a su alcance, y no ha habido hasta hoy ningún plan de despenalización que tenga una estrategia para satisfacer dicho apetito”.
Bennett agrega contradiciendo a Friedman que “A menos que estés dispuesto a distribuir la droga libre y ampliamente, siempre habrá un mercado negro para vender más barato que el que es controlado. Y en cuanto a los potenciales adictos, a los niños en edad escolar y a mujeres embarazadas, siendo estos quienes encontrarán más facilidad y más accesibilidad por la condonación legal, es obvio que ésta no aporta ninguna mejora.
Yo –dice Bennett– “permanezco como ardiente defensor de nuestras leyes nacionales en contra del uso ilegal de las drogas, debido a que yo creo que el uso de las drogas es erróneo.” “El costo moral de la legalización es enorme, pero es un costo que aparentemente descansa fuera del limitado ámbito de prescripciones de política liberal”. Notemos la similitud de estas declaraciones con las decisiones que toma nuestro Poder Ejecutivo y el Senado de la República.
Si hubiera un debate público, habría una decisión mucho más cabal sobre la operación de políticas que pudiera considerarse, y podría ser mucho más exitosa que cualquier decisión que ahora está siendo llevada a cabo de manera tan simple: la legalización. Por supuesto que no hay una sola estrategia como nos hacen creer aquí. Existe la versión libertaria de virtualmente ninguna restricción gubernamental o muy limitada. En el otro extremo está el total control del gobierno sobre producción y venta. Pero en medio de estas, debe existir otra estrategia mucho más inteligente de evitar problemas del abuso y adicción que derivan en violencia, corrupción, enfermedad y sufrimiento.
Los obispos de la Iglesia católica en México, en la Declaración Conjunta sobre el don de la vida y la dignidad humana, señalan que:
“La iniciativa aprobada no atiende los daños a la salud surgidos por el consumo cada vez mayor de la marihuana, no atiende los efectos en las familias, por los jóvenes que consumen drogas tampoco contribuye a inhibir y reducir la exposición a sustancias estupefacientes. Vemos una señal de una política de estado que ignora al débil y descarta a quienes deberían ser más tutelados. La legalización de un estupefaciente sea este u otro, significa voltear la vista e ignorar las necesidades reales de la sociedad, y más aún en el contexto actual de la pandemia del COVID-19, la crisis económica y la crisis de inseguridad.”
“Observamos a la cultura de la muerte que está golpeando fuerte y repetidamente el corazón del pueblo mexicano y que se manifiesta entre otras formas en los esfuerzos por legalizar los estupefacientes y otras drogas, a pesar de sus efectos nocivos en las personas y en las familias.”
Pensemos si realmente lo que necesita nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro país es la legalización de una droga para que aumenten los consumidores y en consecuencia, más productores. ¿Es el Estado nuestro protector o nuestro enemigo?
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