Para dotar de un marco legal a la Guardia Nacional a fin de que pueda actuar en contra de quienes toman casetas, desde el Congreso de la Unión impulsarán cambios diversas normas.
La toma de casetas y el cobro ilegal para dejar transitar por las carreteras federales de cobro es una mina de oro para grupos de disidentes a todo tipo de autoridades que han ocasionado riego a la seguridad de las personas que transitan por las mismas, así como pérdidas económicas, que tan sólo el año pasado ascendieron a más de 7 mil millones de pesos.
Pero esas no son las únicas pérdidas, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) más de 17 mil vagones y 31 trenes se encuentran varados por los bloqueos, de esta manera se han dejado de transportar alrededor de cinco mil contenedores y más de mil 700 vehículos, lo que ha generado pérdidas cercanas a los 240 millones de pesos.
A pesar de que existen leyes que impiden y sancionan el bloqueo de las vías de comunicación, la toma de casetas y por supuesto el cobro indebido para permitir el paso por las autopistas y de que las autoridades federales ordenaran a la Guardia Nacional el resguardo de las casetas para impedir actos ilícitos, estos no cesan.
A fin de reforzar las medidas y actuar de manera más eficaces al respecto, diputados de Morena y del PAN, integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Vías Generales de Comunicación, a fin de sancionar a las personas que tomen las casetas de autopistas y las vías ferroviarias y marítimas.
La diputada Juanita Guerra Mena (Morena) y los diputados Víctor Manuel Pérez Díaz y Carlos Elhier Cinta Rodríguez, del PAN, aseguraron que esta propuesta dotaría a la Guardia Nacional de una herramienta de trabajo para salvaguardar la seguridad de quienes utilicen estas vías generales de comunicación.
La legisladora de Morena sostuvo que tanto a la Guardia Nacional como a las autoridades locales “se les ha impedido el actuar, porque no cuentan con un marco legal correspondiente”, es por ello que para frenar estas prácticas ilegales desde el Congreso de la Unión impulsarán cambios legales.
Por su parte, el diputado panista Víctor Manuel Pérez Díaz dijo que esta práctica denominada el “nuevo huachicoleo” se ha convertido en “deporte nacional”, por lo que se pretende consolidar el marco de derecho para la actuación de la Guardia Nacional.
“Nosotros, desde la Cámara de Diputados, le queremos poner un alto y decimos un ya contundente a la situación que se está viviendo en las carreteras del país, específicamente en las casetas y en las vías del ferrocarril, donde miles o millones de pesos se escurren cada día a las arcas de grupos delincuenciales, que no están precisamente protestando”, aseveró.
En tanto, Cinta Rodríguez señaló que esto no es un tema de coartar la manifestación, ya que solamente están usando una laguna en la ley.
Destacó que la iniciativa plantea que quienes obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen en vías generales de comunicación, serán sancionados con penas que van de los seis meses a siete años de prisión y multa de 750 a mil Unidades de Medida y Actualización vigente.
Cierran la pinza
Por otra parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero e integrantes del gabinete de seguridad se reunieron con representantes de diversos organismos empresariales con quienes acordaron instalar mesas de trabajo para encontrar mecanismos que impidan los bloqueos carreteros y ferroviarios además de la toma de casetas, actos que de acuerdo a información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realizan integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (CNTE), a simpatizantes de los desaparecidos en Ayotzinapa, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas Asociación Civil, el Frente Auténtico del Campo, entre otros.
En la reunión con la titular de la Segob estuvieron presentes representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), Cámara Nacional de la Industria de Hierro y el Acero (Canacero), Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
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