Alguien debe decirle al secretario que aún huele a pólvora.
Hace casi un año, en la comparecencia de Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en la Cámara de Diputados, lamenté en tribuna que se tuviera un acto de autocomplacencia y no un ejercicio de rendición de cuentas con capacidad para asumir errores y corregir el rumbo, realizar ajustes a la inexistente estrategia, después del jueves negro del “culiacanazo” con la detención y posterior liberación –decisión opaca, llena de interrogantes y contradicciones–, de Ovidio Guzmán.
Hasta ese momento, los reportes oficiales contabilizaban más de 30 mil muertes violentas, derivadas de la fallida estrategia de “abrazos, no balazos”, con la evidente renuncia del Gobierno para aplicar la ley, asumir sus responsabilidades y obligaciones para garantizar la vida y seguridad de las y los mexicanos.
Veintitrés meses después, México está envuelto en un torbellino de inseguridad que no da tregua: los índices delictivos, según cifras oficiales, evidencian el negro camino que durante este tiempo el propio gobierno ha provocado; no ha podido con el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Lograr la pacificación del país se ha quedado, como otros tantos asuntos, en el tintero, como lema de campaña que no se ve para cuándo pueda cumplirse.
El casi exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al hacer un balance de su gestión, mencionó: “recibimos un país oliendo a pólvora, no se nos olvide…con cientos de miles de muertos, cientos de miles de desaparecidos; recibimos el país en materia de seguridad en el peor escenario posible…Tampoco podíamos dedicarnos a administrar el caos que habíamos heredado…”.
Alguien debe decirle al secretario que aún huele a pólvora. Desaprovechó su “oportunidad histórica de transformar al país” para frenar la violencia; nos deja un polvorín que intensifica el hedor a sangre, con más de 65 mil 400 personas fallecidas de forma violenta. Estas cifras podrán ser ignoradas por las autoridades federales, pero la realidad en datos no puede ocultarse ni omitirse.
Y ya que a esta administración le gustan las comparaciones con el pasado, solo para tener idea de los periodos similares, con Vicente Fox se tuvo una cifra de 26 mil homicidios dolosos; con Felipe Calderón, fueron 22 mil asesinatos, y en el caso de Enrique Peña Nieto, alrededor de 33 mil muertes violentas.
Con la misma narrativa, el inquilino de Palacio Nacional asegura que se ha logrado la “contención de los delitos”, y reconoce a su colaborador: “…ha hecho muy buen trabajo…estoy muy agradecido por su apoyo”. Pues si la interpretación de los datos oficiales se hace para describir lo que sucede en el imaginario de un México ideal y no el real, por supuesto habrá valoraciones diferentes. Solo que valdría la pena preguntar a las familias de las y los mexicanos que hoy ya no están, si acompañan el reconocimiento a un desempeño que ha duplicado las muertes violentas.
Hoy hay más pólvora y sangre que ayer. Se respira más dolor, a lo que se suman la tragedia sanitaria (casi 90 mil defunciones) y económica (más de 12.5 millones en condiciones de pobreza) que vivimos, sin ver una auténtica y eficiente estrategia federal de seguridad.
Esperemos que con la anunciada renuncia y ante las preocupaciones y aspiraciones de muchos para ocupar la vacante, no se imponga el nombramiento de un militar, lo que nos llevaría a una efectiva y completa militarización del país. Dar más poder al Ejército, tal y como lo ha hecho este Gobierno, contraviene las recomendaciones de los especialistas en la materia para salvaguardar la participación de la sociedad civil en lo que a materia de seguridad pública se refiere.
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