El Estado mexicano tiene la obligación irrenunciable de hacer todo a su alcance para garantizar el pleno ejercicio y respeto de los derechos de todas las víctimas de los diferentes delitos y violaciones a derechos humanos.
En México existen más de 74 mil personas desaparecidas, de acuerdo con datos oficiales, por lo que la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que propone los diputados de Morena dejaría en el desamparo a miles de víctimas ante el flagelo de la violencia y la desaparición, afirmó el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos (MNPD).
El movimiento hizo un llamado urgente al Congreso de la Unión a que se abstenga a desaparecer dicho fideicomiso, el cual tiene un presupuesto designado de 574 millones 511 mil 884 pesos y su objetivo es brindar los recursos de ayuda y la reparación integral de las víctimas de delito y víctimas de violaciones a los derechos humanos, siguiendo los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.
“Es inaceptable que en un país donde existen más de 74 mil personas desaparecidas, el Estado mexicano intente dejar en desamparo, y sin certezas firmes sobre recursos para su debida atención, a miles de víctimas ante el flagelo de la violencia y las desapariciones que recorre todo el territorio mexicano”, expresaron en una videoconferencia.
Indicaron que la iniciativa de Morena para la extinción de los fideicomisos fue justificada por el presidente de la República como una forma de lucha contra la corrupción, por los que los legisladores morenistas buscan desaparecer dicho fondo para el próximo año.
La organización dijo que estas decisiones repercutirán directamente en los derechos y condiciones de vida adecuadas de las víctimas y particularmente de las familias afectadas.
El movimiento recordó que las familias realizan labores de búsqueda participan activamente con propuestas de políticas públicas acordes a la realidad nacional y trabajan para acceder a la verdad y a la justicia, que son productos de los esfuerzos colectivos y los cuales han logrado conquistar derechos actualmente establecidos en la ley, como los relacionadas a contar con medios suficientes para seguir buscando a sus familiares desaparecidos.
El MNPD dijo que lo justo sería que estos recursos del fondo sean incrementados, estén disponibles, accesibles y debidamente etiquetados en el presupuesto público de 2021. Además, destacaron que es igualmente importante la efectiva transparencia y supervisión en las instituciones encargadas de la gestión de dichos fondos públicos destinados para todas las víctimas.
Subrayaron que el Fondo está contemplado en de la Ley General de Víctimas, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación irrenunciable de hacer todo a su alcance para garantizar el pleno ejercicio y respeto de los derechos de todas las víctimas de los diferentes delitos y violaciones a derechos humanos.
El último informe presentado (13 de julio de este año) por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, dijo que en los seis meses de 2020 se habían registrado dos mil 332 personas desaparecidas.
Por su parte Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), mencionó que en la presente administración se han localizado, en fosas clandestinas, mil 682 cuerpos, de los cuales se ha identificado a 42 por ciento y entregado a sus familias, 25 por ciento.
Ayuda que ofrece la CEAV
La Ley General de Víctimas señala que las personas afectadas por delitos o vulneraciones a los Derechos Humanos tienen dos formas de acceder a ayudas: acudir directamente a la CEAV y solicitar asistencia, donde se les otorgarán recursos para alojamiento, traslado y alimentación. Para acceder a estos recursos tendrán que se valorados por un trabajador social, quien elaborara un estudio socioeconómico y de las necesidades de la persona.
Otra vía de acceder a estos recursos es por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Ministerio Público o la sentencia de un juez. Una de las instituciones mandata que se incluya en el registro de víctimas y se realiza el estudio socioeconómico, que determinará si se necesitan los apoyos.
Te puede interesar: En riesgo organismos autónomos por la intromisión política
