Las reformas propuestas para permitir que visitadores del SAT tomen imágenes de los bienes de los contribuyentes, y la previsión de aseguramiento precautorio que incluye a terceros, violaría el derecho a la seguridad jurídica.
En su afán por incrementar la recaudación fiscal, el gobierno federal busca ampliar sus facultades para vigilar a los contribuyentes a través de video o fotografías, además de contar con mecanismos que le permitan el aseguramiento precautorio de sus bienes.
Estas medidas están consideradas en las reformas al Código Fiscal de la Federación incluidas en la propuesta del paquete económico 2021.
El artículo 45 habla de las obligaciones que tienen los contribuyentes cuando son visitados por inspectores del SAT, y textualmente señala que “los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados”.
Sin embargo, de aprobarse la modificación en esta ley, los visitadores del SAT tendrán libertad para documentar de manera electrónica (con celulares y cámaras) las pertenencias de los contribuyentes. Según la propuesta, podrán “utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal, los cuales quedarán protegidos en términos del artículo 69 del Código Fiscal”.
Por otra parte, también se prevén modificaciones el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación el cual actualmente establece que se podrá practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos.
La propuesta de reforma es que el aseguramiento precautorio sea de los bienes o de la negociación de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados.
Que sí, que no
A través de su cuente de Twitter, la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, explicó que esto “significa que si eres arrendador, inquilino, proveedor, cliente o empleado de un contribuyente auditado, el fisco podría asegurar tus bienes solo por estar ‘relacionado’ con él”.
Asimismo, consideró que si los visitadores recaban material gráfico como lo prevé la propuesta del gobierno federal, esto sería “un atentado a la intimidad ya que a cualquier ciudadano que sea auditado, el fisco le podrán tomar video y fotografiar su casa, cama, estufa, zapatos, vestidos, autos, libros, revistas, cuadros, pulseras, muebles, almohadas, hasta de la mascota…”.
La legisladora advirtió que tanto los diputados como los senadores “tenemos la capacidad de impedir que se concreten estas modificaciones al Código Fiscal Federal que significan agregar el abuso, el morbo y la filtración como nuevas facultades del SAT”.
Por otra parte, la senadora Lilly Téllez, del grupo parlamentario del PAN, opinó que “el SAT violaría el derecho a la seguridad jurídica y a la privacidad de los contribuyentes. Morena abusa del poder y atenta contra la libertad. Así empezó Venezuela”.
A pesar de las percepciones negativas al respecto de las propuestas de reforma al Código Fiscal, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, también en su cuenta de Twitter habló al respecto y señaló que “este mecanismo no busca, de ninguna manera, limitar la privacidad e intimidad de las personas, sino combatir la corrupción y la defraudación fiscal”.
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