El financiamiento en dinero efectivo en las campañas políticas y la postulación de candidatos por parte del crimen organizado para el próximo proceso electoral de 2021 son las dos preocupaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
El presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, reveló que, desde hace seis años, cuando el instituto asumió nuevas tareas de fiscalización, no se ha identificado ningún caso de financiamiento directo del crimen organizado a las campañas políticas. Indicó que el crimen organizado es un problema transversal que afecta todos los ámbitos de la vida social del país, e inevitablemente, también el ámbito electoral.
Al participar en una sesión virtual del Seminario sobre Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México, Córdova Vianello señaló que el tema del dinero en efectivo es un problema porque a la hora de auditar se pierde el rastro del dinero.
Explicó que la intromisión del crimen organizado en el ámbito electoral se da a partir de dos vías: la primera, mediante candidaturas que son cooptadas o impulsadas desde organizaciones delincuenciales y, en segundo lugar, mediante el financiamiento ilícito.
Comentó que sí se ha detectado recursos ilegales del erario en los procesos electorales de 2016 a 2018, que son la fuente principal de ingresos indebidos a las campañas políticas.
“Hemos identificado muchos casos de financiamiento ilegal y nuestros modelos de riesgo operan sobre todo en lo que hemos identificado como la fuente principal de ingresos indebidos a las campañas que son dineros provenientes del erario público en los distintos niveles: federal, estatal y municipal y ahí nos hemos centrado”.
Indicó que el gasto no reportado que el INE identificó y que los partidos no lograron justificar de dónde y cómo lo pagaron, asciende a más de mil 075 millones de pesos en los últimos cuatro años. El gasto no reportado por los partidos políticos representa casi la mitad, 42%, de las sanciones en las que los partidos incurren durante las campañas electoral, y 15% del gasto anual.
Ante esta situación, el presidente del INE planteó la necesidad de incrementar la colaboración con otras instituciones auditorias, como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoria Superior de la Federación y el Servicio de Administración Tributaria, porque, refirió, “a pesar de que se ha avanzado, en realidad el trabajo que estamos haciendo, es un trabajo sobre todo en lo que ocurre en el ámbito electoral, muchas veces están vinculado con corrupción en otros lados”.
“El escenario ideal sería que cualquier ciudadano pudiera estar nutriendo la fiscalización y no sólo sea la autoridad. Hoy un ciudadano puede ir y reportar un gasto o acto de campaña o espectacular y nosotros tomamos nota y lo incorporamos”, agregó.
Lorenzo Córdova afirmó que el problema del crimen organizado afecta la dimensión electoral, pero consideró que no es responsabilidad directa de las autoridades electorales porque estas no son instancias ministeriales, de combate a la criminalidad organizada en cuanto a su estructura y operación.
“Hasta donde se sabe, este es un fenómeno, sin duda, presente pero no generalizado, creo que hay casos bastante generalizados en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco y Sinaloa, que son estados donde la criminalidad organizada tiene no solamente una presencia sino un control territorial de facto”, concluyó.
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