La obligada ausencia de los niños y los adolescentes en los planteles escolares causará sin duda efectos, aún desconocidos en cuanto a alcance y profundidad, en la sociabilidad de los educandos.
La revolución ocasionada por la pandemia del COVID-19 en diversos ámbitos de la vida cotidiana ha afectado de manera especial a todo lo relacionado con las escuelas.
Era de esperar, por supuesto, que la que se ha dado en llamar “nueva normalidad” involucrara cambios importantes en la dinámica de lo educacional, empezado por la imposibilidad de reanudar las actividades escolares de manera presencial, pero siguiendo por otras muchas rutas que, se crea o no, llegan a invadir incluso el terreno de la paternidad verdaderamente responsable.
Pero vamos por partes.
En primer lugar, la obligada ausencia de los niños y los adolescentes en los planteles escolares causará sin duda efectos, aún desconocidos en cuanto a alcance y profundidad, en la sociabilidad de los educandos. La capacidad de relacionarse con otras personas de su edad quedará limitada a las videollamadas, y eso sólo en los casos en que los niños tengan internet.
Los padres, por su parte, estarán obligados a modificar sus sistemas, rutinas y patrones de comportamiento frente al trabajo escolar de sus hijos, la revisión de tareas, la asesoría en algunas asignaturas y mil tópicos más.
De las escuelas también hay mucho que considerar. Sin profesores en las aulas presenciales se reducen, obviamente, los gastos, pero también tendrán que reducir sus ingresos por razones similares, así que la crisis económica les afectará también.
Hasta ahí, es fácil entender todo lo que constituye la “nueva normalidad”, pero también hay factores que pueden vulnerar de manera muy nociva la legítima autoridad paterna, al amparo de la verdadera revolución que estamos a punto de vivir en lo educativo.
Entre ellos destaca la llamada “ley del pin parental”, que fue rechazada en Nuevo León y que no significaba sino reafirmar el derecho que todos los padres tienen de educar ellos, y no “el estado”, a sus hijos.
En artículo publicado en Yo Influyo, la reportera Sonia Domínguez advertía que “a pesar del sustento, la claridad, la contundencia y la irrefutabilidad de esta declaración, hoy en México existe una enorme presión de militantes de la izquierda, muchos de ellos incrustados en Congresos y gobiernos locales y el federal, que pretenden a toda costa arrebatar el derecho de los padres de familia de educar a sus hijos, y en su lugar dejar la puerta abierta a que el Estado introduzca programas y actividades educativas con ideologías de género, sin dar oportunidad a que sus progenitores puedan hacer algo para protegerlos”.
Hoy, como queda claro, lo que no sea “de izquierda” es políticamente incorrecto, y por sobre la sensatez, sobre los derechos naturales y sobre el sentido común, prevalece lo contrario: lo que es bien visto.
Si los padres de familia no hacen frente a las rapaces intenciones del Estado, el rechazo al “Pin Parental” será el pretexto para dar un paso más hacia la alienación de las nuevas generaciones en aras de una libertad de pensamiento mal entendida y peor aplicada.
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