De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos en México se blanquean alrededor de 50 mil millones de dólares.
Uno de los mecanismos utilizados por la delincuencia organizada para llevar a cabo actividades ilícitas o financiamiento al terrorismo es a través de empresas como fachada o bien valiéndose de hacer negocios con compañías que, sin saberlo, son utilizadas para fines criminales, lo que ocasiona graves daños a la sociedad.
A fin de sumar esfuerzos para prevenir y combatir estos delitos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), firmaron un convenio de colaboración a través del cual darán a conocer información y estrategias para detectar, prevenir y combatir desde las empresas, sobre todo, las que son más vulnerables a sufrir el quebranto de actividades criminales.
Cifras de la Evaluación Nacional de Riesgos calculan que en México se blanquean alrededor de 50 mil millones de dólares. En este contexto, el convenio toma mayor relevancia debido a que las empresas afiliadas al sindicato patronal y las autoridades hacendarias buscan establecer bases y mecanismos de cooperación, con actividades de carácter académico que propicien espacios de análisis, reflexión, actualización y divulgación, desde sus respectivos ámbitos de competencia.
El convenio, signado por Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF y Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, así como el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, quien firmó como testigo de honor.
Durante los últimos años, a nivel mundial se han intensificado las operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que genera diversos problemas en el plano económico, comercial y de seguridad social, por lo que en diversos países se han implementado procedimientos de investigación transfronterizos para detectar la red de empresas y personas físicas implicadas.
Las actividades vulnerables son susceptibles de ser utilizadas por el crimen organizado para lavar dinero o financiar al terrorismo. El modo de operar de las organizaciones delictivas a nivel internacional refleja un constante apego y mayor involucramiento con el sector formal de la economía, intentando disfrazar u ocultar la ilegítima procedencia de los recursos.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, a través de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícitaen su artículo 17 considera como actividades vulnerables a los juegos y sorteos; tarjetas de servicio y crédito; tarjetas de prepago y cupones; tarjetas de devolución y recompensas; cheques de viajero; mutuo, préstamo o crédito; blindaje; metales y joyas; obras de arte; vehículos; traslado o custodia de valores; donativos; comercio exterior; inmuebles, arrendamiento de inmuebles; desarrollo inmobiliario; servicios profesionales; notarios y corredores públicos; servidores públicos y activos virtuales.
Las personas físicas o morales que se dediquen a realizar actividades vulnerables en nuestro país están sujetas a esta normatividad que de incumplirse podría derivar en sanciones y sufrir la cancelación y revocación de licencias, permisos o patentes que les permitan realizar su actividad económica, o bien con la imposición de multas o procedimientos administrativos de ejecución.
El secretario de Hacienda aseguró que “esta es una iniciativa muy sencilla, pero puede ser extraordinariamente poderosa, porque no solamente ayudará a prevenir el delito, sino a generar estándares más robustos, y generar una base más sólida para el crecimiento del sector privado y de la economía mexicana”.
Por su parte, el presidente de la Coparmex dijo que los empresarios a quienes representa “estamos en toda la lógica de apoyar proactivamente, en los hechos, en lo cotidiano, en todos los esfuerzos que realice el Gobierno Federal, para asegurarnos de la legalidad y legitimidad de las transacciones que se realizan en todo el sistema empresarial y financiero mexicano”.
A su vez, el titular de la UIF indicó que “el Estado mexicano respalda y colabora con las autoridades y dirigentes empresariales en la República, principalmente en el desmantelamiento de las empresas fachada, que se han constituido y se han convertido en un mecanismo contrario a los intereses del empresariado mexicano, además de que son una competencia desleal”.
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