El presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM aseguró que la iniciativa de Morena no coadyuva a resolver el problema de vivienda, al contrario, lo agrava.
Son especialistas en invasiones a terrenos, departamentos y casas, son especialista en actuar al margen de la ley y formar alianzas con partidos de izquierda con quienes intercambian beneficios a cambio de respaldo electoral, se trata de los integrantes del Movimiento Urbano Popular (MUP) y que hoy recibe el abierto respaldo de diputados de Morena en Ciudad de México quienes pretenden legalizar una serie de medidas para evitar el desalojo de quienes ocupan una vivienda sin cubrir los pagos a los propietarios de los inmuebles.
La diputada de Morena Valentina Batres Guadarrama y la coordinadora del Grupo Parlamentario del partido oficial en Ciudad de México, Martha Ávila, presentaron el 7 de julio pasado una iniciativa para reformar los artículos 2398 y 2406 del Código Civil del Distrito Federal y adicionar los artículos 2406 Bis, 2425 Bis y 2431 Bis, todos relacionados con asuntos de arrendamiento que atan de manos a los dueños para disponer libremente de su propiedad al tiempo que a pesar de no cumplir con los pagos acordados legalmente, los inquilinos pueden seguir viviendo en una propiedad que no es la suya.
Esta iniciativa, de acuerdo con lo dicho por la diputada Martha Ávila, fue propuesta a su bancada por el Movimiento Urbano Popular y otras organizaciones como 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, la Coalición Internacional para el Hábitat, la Oficina para América Latina, Red de Desalojados de la Ciudad de México y los activistas Carlos Escoffié y Miguel Aguas.
Cabe recordar que el Movimiento Urbano Popular (MUP) surgió de los movimientos de inquilinos en la década del 70 y de este emanaron el Comité de Defensa Popular y la Asamblea de Barrios.
No a costa de los propietarios
Diversas han sido las voces discordantes después de presentarse esta iniciativa, en primera instancia provenientes de los propios legisladores de oposición que como el diputado Federico Doring (PAN) señaló que modificar la reglamentación actual es “un intento por aprovechar la pandemia para promover las invasiones con las que muchos de ellos se han enriquecido ilegalmente”.
Pero el reclamo no quedó ahí, diversos organismos han levantado la voz como Confederación Patronal de la República Mexicana, Ciudad de México que aseguró que quienes conforman dicho sindicato patronal “estamos convencidos de que el Estado es el responsable de garantizar el Derecho Humano a la Vivienda de los capitalinos a través de la creación de instrumentos y mecanismos en la Ley; pero no puede trasladar esa responsabilidad para que sean los particulares dueños de inmuebles quienes garanticen este derecho fundamental”.
Asimismo, el organismo empresarial resaltó que “estamos a favor de coadyuvar con el gobierno a encontrar mecanismos extraordinarios para auxiliar a quienes habitamos la Ciudad de México durante la contingencia sanitaria, pero estas medidas no deben vulnerar la certeza jurídica, ni poner en riesgo las propiedades de particulares”.
En este evento, Miguel Ángel Beltrán Lara, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM, aseguró que “no está en duda que el derecho a la vivienda es un derecho universal y que debe garantizarse, sin embargo, no debemos confundir la relación entre particulares con derechos sociales”.
Asimismo, afirmó que esta iniciativa no coadyuva a resolver el problema de vivienda, al contrario, “lo agrava; lo que se debe buscar es proteger los arrendamientos de las personas de bajos recursos, ya que consideramos que, si se aprueba en estos términos, se fomentaría de ilegalidad”.
Por otra parte, Flavio Galván Rivera, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó la importancia de clarificar el problema que se pretende resolver, “si es el problema generado por la pandemia entonces serían medidas a corto plazo, pero si es la situación permanente de arrendamiento, esto conlleva un mayor análisis”.
El catedrático consideró que “es indispensable que se tenga claridad en que contraponer el derecho a la vivienda, con el derecho a la propiedad privada no se puede hacer, son derechos humanos independientes, y ambos ya reconocidos y protegidos en la Constitución y en las declaraciones universales de derechos humanos”.
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