Como un acto intimidatorio por parte del crimen organizado fue catalogado el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz, quien tuvo entre sus manos casos de narcotraficantes de alto perfil.
La condena al artero asesinato del juez federal, Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas Guerra, fue unánime, y la exigencia también fue la misma: que la Fiscalía General de la República resuelva pronto el crimen, dé con los responsables y ejerza todo el peso de la ley contra los asesinos.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que este “es un hecho que lastima de manera profunda al Poder Judicial de la Federación pero que hiere también al Estado mexicano como tal”.
Y aseguró: “no haya duda que este es un crimen de Estado, y cuando hay un crimen de Estado todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado. Aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no caben ninguna otra distracción”.
En otro de los muchos mensajes de condena al asesinato del juez Villegas y su esposa, el director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Distrito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Ariel Alberto Rojas Caballero, pidió se revisen los protocolos de seguridad para los juzgadores federales, a fin de que “con sensibilidad y atendiendo al clima que impera de inseguridad pública y crimen organizado en nuestro país se le den las garantías judiciales necesarias para poder llevar a cabo su importantísima labor de administrar la justicia federal”.
Esclarecimiento urgente y transparente de asesinato del Juez Uriel Villegas Ortiz. pic.twitter.com/2BpJv3oBQA
— A.Jiménez (@licjimenezcacho) June 17, 2020
Carne de cañón
Uriel Villegas Ortiz nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, contaba con 43 años, estudió la licenciatura en Derecho de 1996 a 2001 en la Universidad de Sonora. Contrajo nupcias con Verónica Bajaras Guerra con quien procreó dos hijas, una de siete y otra de tres años, y era reconocido por su integridad como juez.
El juez federal se encargaba de las audiencias preliminares y órdenes de aprehensión bajo el nuevo sistema penal por delitos federales como narcotráfico, huachicol, delincuencia organizada y lavado de dinero.
Su seguridad y la de su familia estaban en riesgo debido al tipo de delitos de los que se hacía cargo, por lo que en
2017 el Poder Judicial de la Federación (PJF) le asignó un auto blindado y un par de escoltas, sin embargo, al dejar el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales de Jalisco y ser nombrado Juez Noveno de Distrito en Amparo Penal en la misma entidad, Villegas Ortiz consideró que ya no era necesaria la seguridad que se le había asignado la cual pidió que se le retirara, voluntad que presentó mediante un oficio presentado a la Judicatura.
“Estimo que en la actualidad, dada mi readscripción desde casi tres meses al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, no existe dato alguno que ponga de manifiesto que me encuentro en un entorno de riesgo”.
Fue así que desde febrero del año pasado, el juez Villegas Ortiz era un blanco fácil para la delincuencia organizada.
Juez sin rostro
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que el crimen con el que se le arrebató la vida al juez federal Uriel Villegas Ortiz era un acto de “intimidación a la impartición de justicia”.
Asimismo, señaló que las organizaciones criminales representan una de las amenazas más graves para la seguridad nacional, por lo que, subrayó, debe de optarse por una política de “tolerancia cero” para acabar, en especial, con los carteles del narcotráfico.
La Coparmex propuso que para resguardar la vida e integridad de los impartidores de justicia y su familia se implemente la figura del “juez sin rostro”, que permita a los jueces ejercer con imparcialidad su labor sin que ello represente algún riesgo a su seguridad.
Además, consideró necesario ofrecer seguridad para los impartidores de justicia federales -así como de sus familias- que llevan casos delicados en materia de narcotráfico y delincuencia organizada.
El sindicato patronal afirmó que el asesinato del juez federal Uriel Villegas es un “fiel reflejo de la imparable violencia que está viviendo el país y que ningún orden de gobierno ha podido contener”, por lo que aseveró que el Sistema de Justicia en México requiere de una “cirugía mayor”.
La Coparmex indicó que para que no haya impunidad en casos como este, se requieren de cinco capacidades:
1. Capacidad para detectar delitos.
2. Capacidad para investigarlos.
3. Capacidad para armar casos sólidos.
4. Capacidad para defenderlos en tribunales autónomos.
5. Capacidad para ejecutar las sentencias.
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