AMLO enarboló el combate a la corrupción como una de sus principales banderas, sin embargo, el gobierno está perdiendo la batalla debido a que los funcionarios de esta administración han incurrido en prácticas ilegales.
México tiene una pobre capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción por lo que en este rubro está estancado, señala el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020, elaborado por Anti-Corruption Working Group, Americas Quarterly y Control Risks.
El análisis indica que existen diversas causas por las que en el país no se ha desterrado esta práctica, y destaca la falta de progreso en las reformas institucionales a largo plazo.
“AMLO ha basado principalmente su campaña anticorrupción en torno a su capacidad personal para erradicar el problema. Mientras tanto, el presidente prácticamente ha ignorado al nacional”, destaca el análisis.
Asimismo, menciona que el Sistema Anticorrupción aumentó el uso del gasto discrecional en los contratos públicos y no tuvo en cuenta los controles para mejorar la gobernanza, entre otras tendencias preocupantes.
El CCC destaca que el gobierno federal ha revelando supuestos casos de corrupción que involucran a miembros de partidos de oposición, la Corte Suprema y otros, pero no aplica lo mismo con quienes conforman la administración federal.
“La administración de AMLO ha eliminado los controles y ha aumentado la discreción para los contratos gubernamentales, al tiempo que ha impulsado importantes proyectos de infraestructura y ha aumentado el gasto en atención médica debido a COVID-19. Esta combinación aumentará aún más los riesgos de corrupción”.
Por otro lado, el documento resalta que fuera del gobierno, la campaña de la sociedad civil contra la corrupción también ha perdido algo de su fuerza en los últimos dos años, como se refleja en un puntaje más bajo para esta variable. Esto probablemente se deba a dos factores principales: el éxito de AMLO en apropiarse de la causa anticorrupción y sus ataques retóricos contra los organismos no gubernamentales y otros grupos independientes.
El análisis advierte que el puntaje de México por la independencia y eficiencia de las agencias anticorrupción bajó en esta última medición. En algunas variables disminuyó su capacidad legal, como la independencia y eficiencia del Sistema Judicial, por lo que México se ubica significativamente por debajo de países como Brasil, Colombia o Perú.
Hechos, no palabras
Apenas en mayo el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, en el que se observa que durante el primer año de gobierno de AMLO, la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo, al pasar de 91.1 por ciento en 2017, a 87 por ciento en 2019.
A pesar de ello, la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017, a 15 mil 732 en 2019; al igual que la tasa de incidencia, la cual pasó de 25 mil 541 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2017 a 30 mil 456 en 2019.
Los funcionarios de primer nivel no han quedado al margen de esta situación:
Irma Sandoval, secretaria de la Función Pública, en su comparecencia del año pasado informó que la dependencia había sancionado a tres mil servidores públicos, resultando en 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas. Además, dijo que en el ámbito privado se aplicaron 187 sanciones y multas por más de mil 400 millones de pesos a licitantes, proveedores y contratistas por irregularidades en los procesos de compra o contratación, sin embargo, la funcionaria no dio a conocer el destino que tuvieron esos recursos.
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