Ignorando el debido proceso legislativo, diputados de Morena aprobaron la Ley de Educación del Estado de Puebla que envió el gobernador Miguel Barbosa.
Una vez más Puebla está en el centro del huracán, hoy la controversia gira en torno a la recién aprobada Ley de Educación del Estado que además de no respetar el debido proceso legislativo, instituciones educativas, padres de familia y partidos de oposición aseguran que genera incertidumbre jurídica y constituye un atentado en contra de la propiedad privada.
Fue el 11 de mayo que el gobernador Miguel Barbosa envió al Comisión Permanente del Congreso de Puebla la Ley que debía ser enviada a la Comisión de Educación y posteriormente al Pleno de la Cámara para su análisis, discusión y votación, esta ruta normativa no se siguió y los diputados de Morena fueron quienes avalaron, sin previa discusión y en tan sólo tres días y a tan sólo 90 minutos antes de que venciera el plazo establecido para decretarla.
De acuerdo con Francisco Maldonado, director de Servicios Escolares de la UPAEP, para adecuar la ley federal de Educación, el Congreso poblano debía “armonizar” su normatividad, y los legisladores tuvieron un año, pero según especialistas legales los diputados entendieron que debían “transcribir”, y eso hicieron, agregando dos o tres disposiciones adicionales excesivas, que en nada aportan valor al proceso educativo, como por ejemplo lo estipulado en el artículo 112 que señala: “Las autoridades educativas estatal y municipales promoverán que los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo ofertado en los planteles públicos del sistema educativo estatal, sean de color neutro”.
Agregó que la ley indica que los planes y programas de estudio estarán supeditadas a lo que la autoridad educativa considere procedentes, lo que atenta contra la libertad de cátedra de las escuelas particulares, especialmente las universidades que tienen como uno de sus principios fundacionales y fundamentales la libertad académica, de cátedra, de libre investigación y discusión de las ideas.
En cuanto a las disposiciones para otorgar becas, el directivo de la UPAEP considera que tanto la ley general como la estatal disponen un porcentaje mínimo de becas que los particulares deben otorgar y que es del 5 por ciento, lo que aseguró no es nuevo, sin embargo, este porcentaje debe ser por plan, programa y nivel de estudios.
“Esta disposición resulta poco factible específicamente para las universidades, que compensan y distribuyen costos entre programas con baja y alta matrícula, para poder subsistir. Provocará que las universidades deban otorgar becas a quienes, de acuerdo a sus criterios de calidad académica, no cumplan los requisitos o no tengan la necesidad económica, por el simple hecho de tener que cumplir un porcentaje de becarios en ese programa y, al mismo tiempo, no se les den becas a quienes sí lo necesitan, por ya haber cubierto el porcentaje obligado en el plan o programa correspondiente y/o haber tenido que destinar sus recursos para becar a alguien en otro programa o nivel que o no cumplía los requisitos académicos o no lo necesitaba económicamente”.
Estiran y no afloja
El Partido Revolucionario Institucional en Puebla expresó un contundente rechazo a la nueva Ley de Educación de la entidad al considerar que “no representa a quienes tiene que hacerlo, quebranta el Estado de Derecho y contiene vacíos legales que generan incertidumbre jurídica”.
Asimismo, el tricolor aseguró que “esta legislación constituye un atentado en contra de la propiedad privada, que es un derecho fundamental y resultado directo del trabajo de las personas”.
En tanto, Genoveva Huerta, presidenta estatal del Partido Acción Nacional, aseguró que la ley tiene vacíos legales que generan incertidumbre a las escuelas particulares, y que ya están asesorando legalmente a instituciones educativas y padres de familia quienes han decidido interponer amparos contra la nueva legislación.
Ambos partidos anunciaron que impugnarán la ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Asimismo, la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares tiene contemplado amparar a las 25 instituciones que están afiliadas a este organismo, en contra de la ley publicada el 18 de mayo en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
Cabe señalar que para llevar a cabo los amparos legales el plazo vence el 30 de junio. Puedes consultar la ley completa aquí.
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