Está visto que ante la emergencia sanitaria y económica por la que estamos atravesando, el presidente no está dispuesto a cancelar ni uno solo de sus proyectos para apoyar a las MiPyMes.
El paso de los días agrava no sólo las precarias condiciones en las que el personal hospitalario atiende a los enfermos del coronavirus y en las que los mismos pacientes tienen que enfrentar la enfermedad; también es irrefutable que, como consecuencia de esta contingencia, lo más probable es que alrededor de 10 millones de empleos se pierdan y miles de negocios tengan que cerrar por falta de recursos.
Está visto que ante la emergencia sanitaria y económica por la que estamos atravesando, el presidente no está dispuesto a cancelar ni uno solo de sus proyectos y utilizar ese dinero para que haya material médico de calidad y para diseñar un plan integral de apoyo a las MiPyMes, a fin de que durante este difícil periodo paguen sueldos a sus trabajadores y así evitar el colapso de las cadenas productivas.
Me parece que en estos momentos se debe apelar a la supuesta sensatez democrática tan presumida, tan comentada y tan llevada a cabo del presidente, para preguntarle a esa otra parte del México productivo que trabaja y paga impuestos qué necesita; es decir, que realice una de esas consultas que tanto le gustan, tal y como lo hizo para cancelar el aeropuerto de Texcoco, o para construir Dos Bocas, el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía, o la última, para frenar el desarrollo de la cervecera Constellation Brands, en Baja California.
Pero no, nada de consultas porque sencillamente este tema no es su prioridad. En vez de ello, fue más fácil para el gobierno federal publicar un decreto que convirtió en iniciativa de ley, y que envió a la Cámara de Diputados para, entre otros aspectos, dar sustento legal a su intención de disponer del presupuesto federal, del dinero que las y los mexicanos aportamos mediante el pago de nuestros impuestos, sin ningún control, contraviniendo así los artículos 73 y 74 constitucionales.
López Obrador sigue empecinado en que su palabra es la “Constitución”, esa que en consecuencia tienen que seguir todas y todos los ciudadanos, y que hace creer que es el único facultado para promulgar leyes, asignar presupuestos -cómo, cuánto, dónde y en qué gastar-, y definir el rumbo nacional, así sea hacia el abismo.
En el afán de cumplir con la instrucción presidencial de permitir la invasión de competencias entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados argumentó a favor de lo indefendible con referencias al pasado, pero a conveniencia: si así se hacía, por lo tanto ahora hay que “legalizarlo”.
Por favor, desde 1997 –es decir, desde la última Legislatura del siglo pasado– hasta septiembre de 2018, el partido del presidente en cada sexenio no contó con mayoría legislativa para hacer lo que hoy quiere hacer Andrés Manuel López Obrador. Cualquier asunto relacionado con el Poder Legislativo se tuvo que someter a discusión para llegar a acuerdos. Ni Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña contaron con la mayoría parlamentaria de la que hoy goza el inquilino de Palacio Nacional.
Sin embargo, la perorata morenista no convenció a muchos de los suyos. Me quedo con lo dicho por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, hombre que trasciende generaciones y provoca la reflexión ante los intentos de asalto al Estado de Derecho: “Me satisface el consenso entre los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados para no otorgar facultades anticonstitucionales al Ejecutivo, que además no las necesita, ya que tiene mayoría “.
Lo indiscutible es que detrás de la cantaleta de que con el reparto de dinero público él resuelve los problemas de las personas, está la concentración de poder que en realidad no garantiza los derechos y servicios públicos elementales, porque su interés no está en atender la emergencia nacional, sino en proteger su emergencia electoral. Mezquino cálculo clientelar para mantener el control político y económico.
Frente a estas arbitrariedades, tengo plena convicción, hoy más que nunca, de que hay un sector del pueblo que puede y debe salvar al resto del pueblo. Ante los palos de ciego del gobierno federal tenemos que organizarnos para construir el porvenir posible; hacer valer la ley y exigir nuestros derechos.
Por eso es urgente escuchar las voces de quienes producen, trabajan, invierten y se comprometen a ayudar a los desprotegidos. A ellos hay que consultarles lo que se debe hacer en estos momentos con el dinero que administra el gobierno federal y que no es de su propiedad.
En pocas palabras, ayúdanos y ayúdate a exigir a las y los diputados de todos los grupos parlamentarios que, por facultad constitucional son los únicos que pueden modificar el presupuesto, lo reasignen a lo verdaderamente urgente.
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