Cada vez es más evidente el deseo del presidente de centralizar en él todas las funciones y todas las acciones. Piensa que las instituciones deben arrodillarse ante el control y poder presidencial.
En la semana que concluyó, el presidente anunció “nuevas medidas” para apoyar, según su perspectiva, a la economía nacional en estos tiempos de crisis económica y sanitaria. Nada nuevo bajo el sol, pero eso sí, una vez más escuchamos sobre las culpas al pasado, sin presentar propuestas razonables para enfrentar estos momentos difíciles. Fue un refrito de su plan de gobierno en condiciones normales, ordinarias, pero me parece que lo más preocupante de todo, es la continuación de su estado sin derecho, o bueno, de lo que para él es su derecho.
Anunció que se van a posponer ciertas acciones y el ejercicio del gasto, con excepción de sus prioridades que, sin lugar a dudas, no son las de quienes generan empleos y pagan impuestos. Insiste en continuar con el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, en Tabasco y el Tren Maya y, con todo y la debacle de los precios del petróleo, en el rescate a PEMEX.
Los 38 programas señalados en el decreto, sólo reflejan su pensamiento y su visión con respecto a lo que busca y pretende atender y apoyar. No es secreto que, desde siempre, ha querido conformar una estructura electoral, sin importar cómo o a qué costo, para concretar sus propósitos de guía pastoral, que quita a unos para dar a otros; su fin es dividir y confrontar a las y los mexicanos para sumar al “pueblo bueno” a las filas de su proyecto político que demanda sumisión, y menospreciar al “pueblo productivo”, ese que paga impuestos y del que obtiene los recursos públicos que reparte a manos llenas.
Pretender modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que la Secretaría de Hacienda pueda reorientar el gasto público, es dar la facultad, al mismo presidente, de hacerlo, no como se requiera, sino como bien le plazca. Su propósito es terminar con la atribución constitucional que tiene la Cámara de Diputados para aprobar y modificar el presupuesto público. Para qué mandar y esperar la deliberación de 500 representantes populares, si él puede tener el control presupuestal desde ya.
Más allá de lo anterior, es claro que el presidente tiene un solo objetivo: imponer su visión, su pensamiento y su forma de hacer las cosas, que se acepte sin chistar su forma de actuar. Tiene convicción plena de sus dichos y estrategias; él encarna la verdad absoluta y solo él tiene los antídotos para los males nacionales y para hacer pagar a los neoliberales, culpables de la situación del México actual, entre los cuales ubica a los empresarios (quizás de aquí nazca su desprecio a los negocios o changarros de las micro, pequeñas y medianas empresas que están en peligro de extinción, y su apuesta total al despilfarro del dinero público y al capricho de continuar con sus megaobras, que por ahora no son prioritarias y que según especialistas, son proyectos inviables técnica y financieramente).
No puedo omitir las escandalosas deficiencias jurídicas de esta iniciativa, así como de los documentos que ha emitido desde que asumió el cargo de presidente de la República. Ahí está su Plan Nacional de Desarrollo, o sus “consultas ciudadanas” a modo, sin rigor metodológico ni sustento jurídico. Es insultante leerle y escucharle cualquiera de sus ideas o sus mañaneras, ahora convertidas en iniciativas o decretos llenos de desprecio y desconocimiento del sistema jurídico mexicano, con la plena intención de violar en todo momento la Constitución e imponer su propia constitución ideológica, prueba irrefutable de que hoy nos ha sometido, como nación, al “derecho a modo” según López, sello indeleble de la 4T, para imponer prácticas discrecionales, sin que haya otro poder que le ponga límites a su actuar.
Desde cualquier ángulo es inadmisible que se pretenda constituir en la personificación de los tres Poderes de la Unión. Es grave, porque desconoce la ley suprema y las normas que de ella emanan. De nada sirven los contrapesos constitucionales, que por algo existen pero que a él le estorban y de ahí su urgencia por debilitarlos y eliminarlos a la brevedad, puesto que él solo busca ejercer un poder absoluto, con más facultades y atribuciones según su propia ley. Cada vez es más evidente el deseo del presidente de centralizar en él todas las funciones y todas las acciones. Piensa que las instituciones deben arrodillarse ante el control y poder presidencial.
En este recurrente ejercicio de saltarse el orden constitucional y todo procedimiento legal, que por cierto es su deporte favorito, es vergonzosa la omisión y sumisión de la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titular de la Secretaría de Gobernación, así como de los secretarios de la Función Pública, de Hacienda y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, cómplices de la perversidad presidencial que no tienen forma de excusar su responsabilidad y su silencio ante la inviabilidad jurídica de la iniciativa.
El culto a la persona acaba por anular el bien común y su visión como jefe de estado. Sus medidas, en el fondo, son el disfraz del tirano, aquel que esconde la supuesta “superioridad moral” con remedos legales y simulaciones democráticas.
En la mente del presidente sólo hay un objetivo: señalar al pueblo entero que todos los que no están conmigo, están equivocados, por lo tanto, deben aceptar que “la Constitución soy yo” por mandato del pueblo bueno. Pretende la imposición de sus interpretaciones y definiciones, así no sean de su competencia, por ello recurre constantemente al pasado, para desviar la atención y continuar con la asfixia de las instituciones.
Preocupante que en medio de la tormenta mundial y ante las crisis de seguridad, salud y economía a las que nos ha llevado, la prioridad de su gobierno sea consolidar su proyecto presidencial e imponer su ley personal, por encima del bien y la prosperidad del país. No hay rumbo definido, nos está llevando a la nada, nos deja en la incertidumbre y la realidad en datos indica que estamos al filo del abismo.
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, desde el Legislativo, defenderemos las facultades y atribuciones constitucionales como contrapeso del Poder Ejecutivo. Tenemos la obligación de guardar y hacer guardar la única Constitución que tenemos, la aprobada el 5 de febrero de 1917. No permitiremos que el presidente emperador, la ignore.
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