Para que al gobierno federal le alcancen los recursos para cubrir sus compromisos, principalmente con lo que respecta a los programas sociales, se requiere una reforma fiscal que no vaya más allá del próximo año.
Las condiciones económicas que prevén un crecimiento menor al 2 por ciento para este año, provocado por la poca inversión –tanto pública como privada–, las presiones inflacionarias, así como la prevaleciente inseguridad y el debilitamiento del Estado de Derecho, entre otras situaciones, dificultan la obtención de recursos que el gobierno requiere sobre todo para solventar los programas sociales, por lo que no puede postergarse una reforma fiscal.
Tras esta advertencia hecha por los directores del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y del Departamento de Análisis Económico de Citibanamex, Carlos Hurtado López y Adrián de la Garza, respectivamente, el gobierno federal a través de Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, confirmó que tiene previsto impulsar una reforma fiscal que se caracterizará por ampliar la base de contribuyentes, revisar la estructura de algunos impuestos a fin de que tengan un principio de equidad; pero en la que aseguró que no se contempla incrementar impuestos.
“Si necesitamos más ingresos para poder gastar más, tendremos que acelerar la reforma”, señaló. Comentó que la reforma se puede empezar a discutir con los actores este año, sin embargo, debe plantearla al Congreso de la Unión y se tendrá que cabildear mucho para que pase.
El subsecretario sostuvo que la dependencia buscará reducir los huecos de la ley para combatir la evasión fiscal. Además, buscar soluciones en lo que se refiere a pensiones y ahorros a fin de disminuir la informalidad o atraer a quienes trabajan en ese sistema a cambiar al sector formal.
Gabriel Yorio dijo que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16 por ciento en México tiene una tasa de evasión del 50 por ciento. Calculó que si esta se reduce a la mitad la recaudación sería de 250 mil millones de pesos, o aproximadamente uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en ingresos adicionales.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México depende más de los impuestos a las empresas y las tasas al valor agregado, y menos de la seguridad social, la renta personal o los impuestos a la propiedad, que la media de los países que integran este organismo internacional.
Los directivos del CEESP y Citibanamex consideran que el problema de falta de recursos para cubrir los programas sociales no será para este año, toda vez que el gobierno puede utilizar el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros (FEIP), lo que señalaron que no es lo más recomendable ya que los ingresos petroleros van a la baja.
Por otra parte, el director del CEESP recordó que el año pasado el gobierno federal utilizó 125 mil millones de pesos para compensar los menores ingresos que obtuvo respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación.
“Es un tema de sostenibilidad, es un problema hacia los años posteriores, que el gasto siga creciendo tanto en los programas sociales emblemáticos y que no se pueda sostener un gasto tan reducido en algunos otros rubros del presupuesto como la inversión pública”, destacó.
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