El poder distractor del presidente es muy bueno, lástima que eso no aporte beneficio alguno a las políticas públicas.
Ante los graves, delicados y muy complejos problemas nacionales, sea en economía, inseguridad, salud pública, migración y los que se gusten agregar, ya es costumbre que el titular del Gobierno Federal siempre encuentra una justificación, pretexto o hecho determinado que le permite desviar la atención.
Entre los llamados a la polarización, la constante adjetivación negativa de adversarios políticos, la historia sin fin de las etapas neoliberales y la promulgación de la chunga, burla y ocurrencias como respuestas del Ejecutivo, López Obrador cumple con su objetivo: que los puntos medulares de las discusiones públicas se pierdan en la mar de las palabras banales. La culpa, según el presidente, es de otros. Él tiene la certeza de que la responsabilidad le es ajena. El poder distractor del presidente, debo reconocerlo, es muy bueno, lástima que eso no aporte beneficio alguno a las políticas públicas.
Por desgracia, así no se atienden ni resuelven los problemas que se han ocasionado por las malas decisiones de esta administración, que ya han impactado a conjuntos considerables de la población. Hace un año fue el suministro de gasolina –lo cual dejó pérdidas millonarias–, ahora es la crisis en el sector salud con la muerte del Seguro Popular y el defectuoso Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que no acaba de nacer.
El gobierno lanzó ese nuevo instrumento sin un procedimiento que aclarara las reglas de operación, ni cómo obtendría recursos públicos (que no están considerados en el Presupuesto de Egresos 2020, aprobado por Morena y sus aliados), que no tiene cobertura universal gratuita y, lo peor –para los que no tienen seguridad social–, que cobra la cama de hospital por día y las medicinas en el caso de las especialidades de tercer nivel, como son los pacientes con cáncer. Eso sin mencionar que, en caso de requerir intervención quirúrgica, se solicita el equipo quirúrgico a utilizar.
Por donde se le vea, de momento no hay el anunciado servicio gratuito de salud para todos.
¿Y quiénes son los afectados? Todas las personas que no tienen seguridad social; es decir, las personas de menores recursos.
¿Y qué dijo el presidente? Como lo hizo hace un año –en el desabasto de la gasolina–, lo minimizó y mencionó que no hay crisis, que se otorgará la atención médica y gratuita, sin cobrar cuotas de recuperación en todos los hospitales y clínicas de México. La verdad contrasta con la postura de la Secretaría de Salud, la cual aclaró que para la prestación de servicios de tercer nivel son necesarias las cuotas de recuperación.
Para enfrentar la crítica, el presidente propuso centros de atención para que las personas puedan denunciar los cobros. Dónde van a ser instalados, con qué recursos se van a operar… No dijo nada.
Ante un problema tan grave como es la falta de atención médica de miles de mexicanos, es más fácil sacar provecho de un tema que vincule lujo, corrupción, mafia del poder y que, de forma adicional, logra polarizar a la población y generar controversia.
Por ello, según sus lineamientos y estrategias institucionales de comunicación, simulación y desviación de temas, se comunicó al pueblo que el avión presidencial no se vendió y que la aeronave regresaría al país porque el contrato de arrendamiento (pensión para estacionar y guardar) en dólares, con la empresa Boeing está por vencer; es decir, después de alrededor de 30 millones de pesos gastados en un año, el presidente se ve obligado a estacionarlo en el país.
En el colmo de la ocurrencia, ahora resulta que como no se vendió, la propuesta es venderlo por partes y, si no sale, para rematar, se va a organizar una rifa, a través de la Lotería Nacional, que se va a fusionar, por decreto presidencial con Pronósticos Deportivos, de 500 pesos el cachito (26 dólares americanos) como si estuviéramos en la kermés popular y de bienestar.
Al margen de mencionar, desde mi punto de vista, el despropósito de la venta del avión de todos los mexicanos, cuya finalidad es transportar al titular del Poder Ejecutivo en el periodo de su encargo (6 años), es inaudita la forma en que se atienden los problemas públicos, de manera superficial, banal e irresponsable.
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