Una de las grandes tentaciones que enfrentan quienes llegan al poder es confundir su papel de administrador y servidor de todos los habitantes de un municipio, un estado o un país por el de creerse el dueño y señor del mismo y todo lo que se haya en él, creer que se adquirió un atributo especial que como gobernante le da el derecho a disponer a capricho de los bienes de los ciudadanos.
Este es el más reciente caso del cual ha sido protagonista el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien en la última semana se vio envuelto en un escándalo por amenazar a un conglomerado inmobiliario de donar dos hectáreas de dichos terrenos, pues de lo contrario le expropiaría cuatro.
Los terrenos en referencia se localizan en Lomas de Angelópolis, una de las zonas más exclusivas de la entidad y con mayor plusvalía en el país, donde se tiene previsto construir viviendas para policías estatales.
Engrudo hecho bolas
Según el columnista Mario Maldonado, que el gobierno y empresarios tuvieron pláticas para que del gran terreno que abarca las Lomas de Angelópolis se moviera la caseta de la Vía Atlixcáyotl, lo que generará en los alrededores una mayor plusvalía.
Maldonado afirma que las negociaciones que se hicieron con Grupo Proyecta y con Grupo Pinfra terminaron fructificando y no había problema con la donación de los terrenos. Sin embargo, el conflicto se suscitó porque el coordinador de Gabinete del gobierno del estado de Puebla, José Luis García Parra, alias El Choco”, nunca hizo la solicitud para que se facilitaran las dos hectáreas, además de tener la intención de hacer negocios en su beneficio propio.
Esta no es la primera ocasión en que el Choco, está en el centro del huracán pues en 2023, cuando fungía como coordinador de asesores del entonces senador Armenta, se exhibía públicamente con un Audi R, con valor de más de tres millones de pesos, cuando su sueldo declarado al año apenas ascendía a 800 mil pesos, lo que nunca pudo explicar.
Forzada marcha atrás
Empresarios y legisladores, incluido el diputado federal de Morena Ricardo Monreal, condenaron las amenazas vertidas por Alejandro Armenta quienes pidieron privilegiar el diálogo y garantizar la certeza jurídica, además de exhortar al gobernador a no concretar la pretendida expropiación.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Puebla, indicó que ha “insistido en la necesidad de velar por el Estado de Derecho y por el Principio de Legalidad, donde la autoridad solo puede actuar dentro del marco que la ley le permite. La expropiación, cuando está debidamente justificada por una causa de utilidad pública —como lo es la seguridad—, no es una decisión unilateral, sino un derecho constitucional”.
Al mismo tiempo, el organismo patronal rechazó cualquier acción que ponga en riesgo el Estado de Derecho y el Principio de Legalidad, pilares fundamentales para vivir con plena confianza y seguridad.
En la misma dirección, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, exigió que respeto a la propiedad privada, al tiempo de señalar que es necesaria la certidumbre jurídica.
“En Puebla requerimos nuevas inversiones y certeza a la propiedad privada”, subrayó.
En tanto, el diputado federal del PAN, Federico Doring advirtió que su partido no tolerará que el gobernador de Puebla se haga de propiedades privadas, al tiempo de condenar la extorsión como herramienta de presión política.
A pesar de que el gobernador Alejandro Armenta públicamente afirmó que no llevaría a cabo la expropiación. “Ya no necesitamos nada, para que no vayan a caer en pobreza extrema”, señaló con ironía ante los cuestionamientos de la prensa.
Independientemente de que se realice o no la expropiación. Este hecho ha puesto en alerta a la población no sólo de Puebla, sino de todo el país, ya que es una muestra de cómo algunos gobernantes de Morena pueden optar por aprobar y justificar una expropiación fast track y sin sustento legal.
Te puede interesar: Día de la Tierra: urgente llamado a cuidar el planeta
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com
