México no avanza a la velocidad de sus potenciales. Y uno de los principales frenos tiene nombre: informalidad laboral. Más de 32 millones de personas en el país trabajan sin seguridad social, sin derechos laborales y sin certeza sobre el día de mañana. Esto representa el 55.1% de la población ocupada, una cifra que no solo alarma: nos condena.
“Trabajo limpiando casas desde hace 20 años, pero nunca he tenido seguro. Si me enfermo, me quedo sin ingresos. Y de pensión, mejor ni hablamos”, cuenta Norma, trabajadora del hogar en Ecatepec.
Un problema estructural, no casual
El estudio El laberinto de la informalidad de México ¿Cómo Vamos? revela que el fenómeno no se resuelve con buena voluntad ni con discursos: es una expresión de estructuras profundas que privilegian la precariedad.
- 7 de cada 10 empleos creados entre 2005 y 2023 fueron informales.
- La informalidad contribuye con el 23% del PIB, pero en condiciones de alta precariedad.
- El 70% de las personas que están en el cuartil más bajo de ingresos laborales están en la informalidad.
La conclusión es clara: en México, la informalidad no es un refugio. Es una condena.
El impacto tiene rostro de mujer
Según el mismo estudio, las mujeres representan el 55.3% de las personas en la informalidad. Esto no solo revela una brecha de género estructural, sino que las políticas de cuidado ausentes y la falta de servicios públicos condenan a muchas mexicanas a empleos mal pagados, sin prestaciones y sin futuro.
“Dejé mi trabajo formal porque no tenía quién cuidara a mis hijos. Ahora vendo por catálogo, pero gano la mitad y sin prestaciones”, explica Alejandra, madre soltera en Veracruz.
Un país sin red de seguridad
Los datos son contundentes:
- Solo el 36% de las personas ocupadas tienen acceso a servicios de salud por su trabajo.
- En promedio, un trabajador informal gana 39% menos que uno formal con las mismas capacidades.
- La probabilidad de salir de la informalidad es muy baja: el 65% de quienes entran, se quedan.
Y lo más grave: la informalidad también afecta al Estado. Reduce la base tributaria, dificulta la recaudación y frena la inversión en servicios públicos, como salud, educación y pensiones.
¿Y entonces qué se necesita?
La informalidad no se elimina con amenazas o reformas punitivas. Se necesita una política pública integral:
- Simplificación fiscal para MIPYMES.
- Servicios de cuidado para mujeres trabajadoras.
- Protección social universal, independiente del tipo de contrato.
- Incentivos para la formalización con acceso real a crédito, salud y vivienda.
- Fortalecimiento del Estado de derecho y combate a la corrupción.
“Yo me formalizaría si eso implicara más clientes y seguridad. Pero con tantos trámites y pagos, prefiero quedarme como estoy”, confiesa Fernando, carpintero independiente en Oaxaca.
Salir del laberinto
Más que un problema económico, la informalidad es una fractura moral. Es inaceptable que en pleno 2025, la mayoría de quienes sostienen el país con su trabajo lo hagan sin derechos.
Urge un nuevo pacto social, con diálogo entre trabajadores, empresarios, gobiernos y sociedad civil. Porque lo que hoy está en juego no es solo el ingreso de millones, sino la dignidad, el futuro y la justicia en México.
Facebook: Yo Influyo
