Mientras México enfrenta un entorno económico incierto y una creciente informalidad laboral, una iniciativa impulsada por el senador Napoleón Gómez Urrutia pretende modificar el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo para elevar de 20 a 90 días por año laborado la base de cálculo de indemnización por despido injustificado.
¿La intención? Según sus promotores, fortalecer los derechos de los trabajadores frente a patrones abusivos. ¿El problema? La medida podría ser un golpe mortal para miles de micro, pequeñas y medianas empresas que simplemente no podrían costear las nuevas obligaciones.
“Si esto se aprueba, yo tendría que cerrar. Con apenas cinco empleados, no podría pagar tres meses de salario por cada año trabajado. ¿Quién va a contratar así?”, afirma Mariana Salazar, dueña de una pequeña pastelería en Querétaro.
Más indemnización, menos empleo
La propuesta no llega en un buen momento. Según datos del INEGI, el 55.1% de la población ocupada en México se encuentra en la informalidad, y cualquier medida que aumente los costos laborales sin compensaciones puede agravar este fenómeno.
De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), si la iniciativa avanza sin ajustes ni incentivos paralelos, podría provocar:
- Un aumento de hasta 20% en los litigios laborales, ante el incentivo económico de buscar una liquidación mayor.
- Un freno en la contratación formal, especialmente en sectores como el comercio, servicios y manufactura ligera.
- Una mayor rotación de empleo precario, donde los empresarios opten por contratos temporales, subcontratación disfrazada o pagos por honorarios.
Una medida sin sustento económico
En contraste con esta propuesta, organismos internacionales como la OCDE y la OIT han advertido que la estabilidad laboral no se construye únicamente elevando indemnizaciones, sino generando mecanismos de conciliación efectivos, protección al empleo y fortalecimiento institucional.
“Elevar la indemnización es una salida rápida que genera aplausos en redes, pero el verdadero reto es cómo mantener empleos dignos y viables en una economía que se desacelera”, comenta el economista Ricardo Navarro, experto en derecho laboral.
Además, esta reforma no fue consultada con el sector productivo ni discutida ampliamente en los espacios de diálogo tripartita. Las cámaras empresariales —incluyendo Coparmex y Concanaco— ya han advertido que podría afectar la viabilidad de millones de empleos, especialmente en empresas con menos de 10 trabajadores, que conforman el 95% del tejido empresarial del país.
Urge recuperar el diálogo social y el sentido común
El tema de fondo no es si el trabajador debe recibir más o menos al ser despedido injustamente. El tema de fondo es cómo construimos un sistema laboral justo, equilibrado y sostenible, donde ni el trabajador ni el empleador sean víctimas del populismo.
México necesita una reforma laboral integral, no medidas aisladas. Una reforma que contemple:
- Incentivos fiscales y de seguridad social para empleadores formales.
- Un sistema de justicia laboral expedito y eficaz.
- Capacitación y reconversión laboral ante los retos de la automatización.
- Conciliación obligatoria antes de juicios.
- Formalización progresiva de sectores altamente informales, como el comercio ambulante o el trabajo doméstico.
Pensar antes de legislar
El Congreso tiene la obligación ética de actuar con responsabilidad, no con cálculo electoral. Una reforma mal diseñada puede destruir lo que se busca proteger. Si se quiere justicia laboral, hay que empezar por el diálogo social con visión de país, y no con parches legislativos sin pies ni cabeza.
Porque no se trata solo de legislar por el bien del trabajador, sino de legislar con el trabajador y con el empleador, en una mesa donde quepa el bien común y el sentido común.
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