¿Con qué calidad moral entonces puede exigir este gobierno el respeto a las leyes, si simula que se cumplen, pero en realidad se violan?
Una de las banderas de este gobierno ha sido la máxima de “al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie”, palabras que sirvieron para mítines de campaña y ahora como réplica constante en las conferencias matutinas en Palacio Nacional, para justificar ocurrencias e ineptitudes que en el día a día no tienen explicación.
Son frases utilizadas para simular que se está luchando contra la corrupción y la impunidad, cuando en realidad sabemos que muchos funcionarios y representantes populares de la 4T cargan sobre sus espaldas señalamientos de opacidad, conflicto de interés, influyentismo e inexperiencia, y que han encontrado la manera de burlar la ley y hacer que el presidente los justifique, con la tan llevada y traída culpa de la época neoliberal, descalificaciones de toda índole o bajo el cobijo del “perdón y olvido” para algunos.
El caso del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, a quien la secretaria de la Función Pública exoneró, aun cuando hay claras inconsistencias en su declaración patrimonial –pues ocultó casas y empresas que están a nombre de sus hijos y de su “pareja”–, es una clara muestra de la impunidad de la que gozan los personajes de la 4T. Queda demostrado que el combate a la corrupción está moralmente derrotado y presidencialmente justificado, cuando de colaboradores y amigos se trata.
La investigación que encabezó Irma Eréndira Sandoval está plagada de irregularidades. Ante lo evidente de los señalamientos respecto a las propiedades del señor Bartlett, la titular de la SFP encontró los resquicios de la ley para concluir que no existen faltas graves al investigado, a quien resulta que solo se le pedirán cuentas de la declaración de sus bienes, de su enriquecimiento y de sus posibles conflictos de interés a partir de diciembre del 2018, fecha en que entró en funciones esta administración federal. Entonces, lo pasado queda en el ayer, sin señalamiento, ni castigo, ni sanción, ni pena alguna.
En esta lógica se explica que el presidente afirme que no se incurrió en ninguna falta legal y justifique la exoneración del funcionario. ¿Con qué calidad moral entonces puede exigir este gobierno el respeto a las leyes, si simula que se cumplen, pero en realidad se violan? Por más que el presidente grite a los cuatro vientos su “incansable lucha” contra la impunidad, lo cierto es que la corrupción y la impunidad no se acabarán porque no existe un compromiso serio para combatirla. Todo queda en el discurso.
Sigue el cinismo de la 4T para defender lo indefendible. De muchos es conocida parte de la historia de este funcionario: para evitar la llegada del PAN al gobierno de Chihuahua en 1986, el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, ordenó alterar los resultados y a eso lo llamó “fraude patriótico”; fue el causante histórico de la caída del sistema en las elecciones presidenciales de 1988; alteró los resultados electorales en Huejotzingo, Puebla, en 1995, como gobernador de la entidad.
Nada de los actos que acompañan su hoja de vida y documentan su experiencia para simular y evadir la ley, importaron al presidente para invitarlo a colaborar en su gobierno. Su propio pasado cuestiona su honestidad, puesto que es un funcionario público que representa la época que tanto desprecia el presidente, pero que hoy está instalado en la pantomima de la transformación, que acompaña las arengas electorales y aplaude todo aquello que cuestiona la etapa neoliberal, cuando en el fondo representan lo mismo; pero con otros colores.
Bien dijo el presidente que prefería lealtad que experiencia y competencia para los cargos públicos. Por ello se entiende la actuación de la secretaria de la Función Pública: prevaleció su compromiso para proteger al director de la CFE, sobre la aplicación de la ley. Este es un hecho más de que la 4T cae constantemente en lo que tanto critica del pasado. La exoneración es otro caso más que se suma a la lista de incongruencias: aplíquese el peso de la ley… en los otros; es decir, que se investigue a fondo a los demás, se les finquen responsabilidades a los opositores, no a los colaboradores.
Lo cierto es que no hay en este gobierno un compromiso serio para el combate a la corrupción e impunidad. Lo que prevalece es la muy peligrosa aplicación selectiva de la ley (a secas), para perseguir a enemigos del pasado, que en su momento llegaron a ser aliados políticos y electorales.
Este país necesita algo más que la burla, la ridiculización y el descrédito hacia el pasado. Requiere de un real combate a la pobreza, más que de una estrategia clientelar con fines electorales; de un verdadero sistema de contrapesos democráticos y fortalecimiento del Estado de Derecho, sin interpretaciones a modo; de una economía que fomente inversión, crecimiento y desarrollo; de la garantía de seguridad pública que castigue a los criminales y dé tranquilidad a quienes habitamos este país.
A nombre de mi familia y el mío propio, les deseo fraternidad, salud y prosperidad en las fiestas de fin de año y que 2020 nos permita concretar propósitos de bien común. ¡Felicidades!
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