Las reformas propuestas a las relaciones iglesias-Estado no se desprende en ningún momento que ponga en riesgo la laicidad del Estado mexicano.
La iniciativa para reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, presentada por la senadora María Soledad Luévano Cantú de Morena, es una propuesta que “amplía las libertades de las personas y garantiza el mejor ejercicio del derecho humano a la libertad religiosa sin poner en riesgo la laicidad del Estado ni la separación entre éste y las iglesias”, asegura un análisis del Partido Acción Nacional (PAN).
En el documento, del cual YoInfluyo.com tiene copia, desengrana los principales aspectos que considera la propuesta legislativa, destacando que está muy bien redactada y en su exposición de motivos contiene reflexiones muy valiosas.
Entre estas, señala que está fundamentada en el derecho humano a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y no en “el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias”, como se afirma en el texto vigente. “Esto es positivo, toda vez que coloca en el centro a las personas y no a una afirmación abstracta: la libertad religiosa es un derecho humano mientras que la laicidad del Estado es un atributo de una organización política”.
Los cambios previstos en el texto presentado por la senadora Luévano Cantú se garantiza un ejercicio más amplio de la libertad religiosa como en casos como el recibir acompañamiento espiritual en los hospitales, cárceles, estaciones migratorias o cuarteles militares y establecer la objeción de conciencia en todo aquello que contravenga las convicciones éticas de las personas, o bien que se puedan expresar las creencias religiosas en relación con asuntos de carácter social, así como recibir instrucción y formación religiosa según sus creencias personales y convicciones éticas.
El análisis del blanquiazul considera que éstas son prácticas comunes que se llevan a cabo en países democráticos del mundo, mientras que la actual legislación mexicana constituye una verdadera excepción toda vez que estos temas no son contemplados.
El propósito de la iniciativa es armonizar la Ley de Asociaciones y Culto Público a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Aunque no se dice expresamente, también subyace la necesidad de reglamentar en la ley la reforma de 2013 que consagra la libertad religiosa en nuestro texto constitucional.
“No se desprende en ningún momento que ponga en riesgo la laicidad del Estado mexicano ni la separación entre el Estado y las iglesias. Por el contrario, sí amplía la libertad religiosa de las personas y les garantiza su más amplio ejercicio”, recalca el análisis panista.
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En el apartado de consideraciones conceptuales y doctrinales, el documento resalta que “a diferencia de la laicidad, que respeta y garantiza la libertad para creer o no creer de todos los ciudadanos, el laicismo se presenta como una filosofía moral totalizadora y excluyente. El laicismo pretende erradicar del espacio estatal y público cualquier expresión religiosa, partiendo de la premisa de que la religión puede ser una potencial fuente de conflicto entre los ciudadanos, por lo que su manifestación pública debe ser limitada y acotada”.
Agrega que, para el laicismo, la total separación de Iglesia y Estado o la neutralidad religiosa de éste adquieren más importancia que el respeto a la libertad religiosa de los individuos, convirtiendo en fines a lo que simplemente son medios procedimentales para que las personas puedan vivir en libertad.
Más allá del texto
El documento además de ofrecer una visión respecto a la iniciativa en sí misma, presenta un análisis del contexto en el que se presentó la propuesta y los principales personajes en torno a la misma.
La iniciativa fue presentada por la senadora Soledad Luévano de manera “discreta” al no leerse en tribuna y ser enviada directamente a las comisiones dictaminadoras correspondientes. Asimismo, el análisis recuerda que la senadora de Morena ha tenido una carrera política totalmente vinculada a Ricardo Monreal a quien acompañó desde sus épocas priistas y posteriormente participó con él cuando encabezó el gobierno de Zacatecas entre 1998 y 2004.
Por otro lado, el documento indica que no pasa desapercibido que en el actual gobierno federal se ha promovido a diversos grupos cristiano-evangélicos, en temas como la Cartilla Moral o la participación de estos sectores en programas gubernamentales, y que uno de los tres partidos que postuló a la presidencia a AMLO fue el Partido Encuentro Social (PES), conformado a partir de la estructura de diversas iglesias protestantes.
Asimismo, indica que el propio presidente López Obrador hace uso constantemente de referencias bíblicas en sus discursos, a pesar de que su religiosidad es difusa.
“Por lo tanto, existe una genuina preocupación en muchos sectores políticos y sociales acerca de la preferencia lopezobradorista hacia grupos religiosos protestantes y la utilización de la estructura gubernamental para favorecerlos en su proselitismo. Casos similares han ocurrido en Brasil y en diversos países centroamericanos”, dice el informe.
El análisis del PAN considera que estos elementos son importantes recordarlos para ofrecer un contexto más completo del momento en que se presenta la iniciativa para reformar la relación de las iglesias y el Estado, sin embargo subraya que más allá de esta coyuntura, la iniciativa en sí va en el camino de ampliar las libertades públicas y fortalecer el derecho humano a la libertad religiosa, sin que eso suponga en ningún momento poner en riesgo al Estado laico ni a la separación entre las iglesias y el Estado, la cual se remonta a las Leyes de Reforma de 1859.
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