La SCJN admitió la controversia de inconstitucionalidad promovida por la CNDH en contra de reformas legales que endurecer las penas a la emisión de facturas falsas y fraude fiscal.
Las reformas legales que equiparan determinados delitos fiscales como delincuencia organizada y amenaza a la seguridad nacional, serán analizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que el ministro Fernando Franco González Salas, admitiera a trámite una acción de inconstitucionalidad que promovió por Luis Raúl González antes de dejar la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con la controversia presentada en noviembre y que fue clasificada como la acción 130/2019, el organismo de defensa de los derechos humanos solicitó a la SCJN declarar la invalidez de las modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión a varios artículos de la Ley de Seguridad Nacional, el Código Fiscal de la Federación y el Código Nacional de Procedimientos Penales y que ahora permiten la prisión preventiva de oficio durante la investigación de los probables delitos fiscales como la emisión de facturas por servicios inexistentes, además de dejar sin derecho a libertad bajo fianza a los acusados, penas que la CNDH calificó de excesivas.
Entre los puntos mencionados en la demanda de inconstitucionalidad se destaca que algunos delitos fiscales fueron adicionados a la Ley de Seguridad Nacional, la cual carece de carácter penal, para clasificarlos como amenaza a la seguridad nacional.
Al ser admitida la acción de inconstitucionalidad por la SCJN será la autoridad encargada de determinar si son constitucionales las recientes reformas legales sobre fraude fiscal y la emisión de facturas falsas. El ministro dio un plazo de 15 días hábiles, a partir del miércoles 3 de diciembre, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para que rindan informes y envíen copias de los antecedentes legislativos de la reforma.
Cabe resaltar que la Corte no tiene plazo para resolver la controversia, además que el hecho de que haya admitido la acción de inconstitucionalidad para su análisis no supone que las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión sean suspendidas.
Varios sectores en contra
Después de que los diputados federales aprobaron las reformas recrudecer las penas contra quienes den facturas apócrifas, organismos empresariales alzaron la voz y reprocharon que los legisladores hicieron caso omiso a las propuestas hechas por empresarios, organizaciones civiles y sociales, por lo que como último recurso interpusieron amparos, pero hasta el momento sólo ha trascendido que la SCJN dio entrada al de la CNDH.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que con los cambios legales, se generaría un justificado temor en las empresas formales del país, de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes. Asimismo, lamentó que los legisladores hayan ignorado la opinión de especialistas, colegios de abogados, contadores públicos académicos y sectores productivos del país.
En su momento, la Coparmex se manifestó a favor del combate efectivo a la venta de facturas falsas y operaciones simuladas con “empresas fantasmas”, incluso que se consideren esas actividades como delincuencia organizada y se aumenten las penas, pero rechazó que se faculte a la autoridad a equiparar cualquier tipo de defraudación fiscal como delincuencia organizada. “No es justificable que con la idea de sancionar una práctica que unos pocos delincuentes realizan, se deje en un estado de incertidumbre jurídica a contribuyentes cumplidos”.
El diputado Marco Medina Pérez, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante de la bancada de Morena, al fundamentar el dictamen aseguró que el negocio criminal de las facturas falsas asciende a más de 300 mil millones de pesos al año, lo que equivale al 5 por ciento de los ingresos del gobierno federal. Destacó que según las autoridades fiscales, de 2014 a 2019,1.6 billones de pesos no llegaron a las arcas públicas.
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