El gobierno rehúye el debate, porque no tiene razonamientos para defender lo indefendible del presupuesto presentado.
El presidente, los diputados de Morena y sus aliados, incumplen sus promesas de campaña y han hecho de la simulación su distintivo político. Las y los legisladores de esos partidos políticos decidieron aprobar el Presupuesto de Egresos 2020 tal y como lo envió el Ejecutivo, sin moverle una coma. ¿Para qué entonces violar la ley y detener el reloj parlamentario en la sesión del 6 de noviembre y cometer irregularidades en la convocatoria para reanudar esa sesión inconclusa, si estaba decidido que no le harían ningún cambio?
Los legisladores de Morena quisieron enviar una señal de que negociaban y conciliaban con los distintos actores políticos y sociales; sin embargo, fue sólo un engaño. Sabían perfectamente que no habría modificaciones presupuestales. El Poder Ejecutivo vulneró la potestad del Poder Legislativo, al hacer de la Cámara de Diputados un escenario de levantamanos a lo que más convenga a sus intereses.
Todos ellos festejaron, celebraron y alardearon la imposición del dictamen prácticamente en sus términos. Aunque no reconozcan que incumplieron para discutir en tiempo y forma este importante rubro, lo que sí dirán es que le cumplieron al presidente. Hay que señalar que literalmente fueron obligados a aprobar el dictamen. Primero, se les hizo firmar una carta compromiso, luego, el gobierno utilizó los instrumentos represores, como es la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para presionar. Existió una injerencia indebida del Poder Ejecutivo sobre la bancada legislativa oficial. Nada nuevo, digamos que es la reedición de las prácticas autoritarias del país de un solo hombre, como en los sexenios de la década de los setenta, en el que el objetivo del presidente era dejar claro quién manda. Dicen que son distintos, pero con sus argucias legaloides demuestran que repiten las prácticas que tanto criticaron.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional no se prestó a esta simulación -porque no es ético engañar a las y los ciudadanos-, pese a que Mario Delgado y Dolores Padierna -legisladores con los que coincidí en las LXII y LXIII Legislaturas del Senado de la República y con quienes se aprobaron distintos dictámenes y puntos de acuerdo-, acusaron nuestra ausencia como una decisión de capricho político. Valga señalar que ni siquiera fueron consideradas las 222 reservas que presentaron diputadas y diputados del PAN, integrantes de la Comisión de Presupuesto, lo cual no resulta extraño, pues así han actuado desde septiembre del 2018.
Después de haberse aprobado este acto ya pactado con anterioridad, escuché al senador -converso al morenismo-, Germán Martínez, decir que el PAN tiene “el estilo de una oposición que ya quiere, que ya le urge que fracase (el presidente)… que no es alternativa, que sólo es oposición y que no distingue entre los equívocos de un gobierno y lo que es autoritarismo”. Me parece que tiene una visión viciada por su nuevo oficialismo. Descalifica -como su jefe lo hace- a los que no compartimos su visión política.
Ante estas acusaciones, es preciso señalar las graves ausencias que hubo en esa sesión: la legalidad en el procedimiento para poder sesionar en una sede alterna; la voluntad política de la mayoría parlamentaria para debatir de cara al pueblo de México; las razones técnicas que explicaran los porqués de las asignaciones presupuestales en materia de seguridad, salud, educación, empleo, entre otras.
Acción Nacional no pretende obstruir ni destruir lo que es bueno para México. Por eso, defendemos causas justas, con argumentos y datos duros, para dar respuesta a los complejos problemas nacionales, sin comprometer el futuro del país. Por eso no participamos en la farsa del proceso de aprobación. Es triste mencionarlo de manera reiterada, pero en el ejercicio político, para la 4t está ausente la posibilidad de dialogar, confrontar información, sostener argumentos sin descalificar, visualizar el futuro sin caer en el asistencialismo. El gobierno rehúye el debate, porque no tiene razonamientos para defender lo indefendible del presupuesto presentado, el cual no deja de ser un catálogo de buenas intenciones, con fines clientelares, para aprovechar la vulnerabilidad de muchas y muchos ciudadanos y congraciarse con ellos, con la entrega discrecional de recursos públicos.
Lo que el presidente ha olvidado es que un jefe de Estado debe gobernar para todos los habitantes; debe despojarse del manto partidista, las arengas electorales y los mensajes de encono y división; debe cumplir con la Constitución y tener sensibilidad universal para construir con consensos, sin imposiciones caprichosas, con sentido de responsabilidad social para entender y atender las necesidades de la población.
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