Para combatir la subcontratación laboral que daña a los trabajadores, que es distinta a la que legal y genuinamente utilizan miles de empresas, es necesario escuchar las opiniones de especialistas e involucrados al respecto.
Napoleón Gómez Urrutia se quedó con las ganas de que su propuesta para reformar las reglas del outsourcing o subcontratación laboral fuera discutidas y eventualmente aprobada por el Pleno del Senado, a pesar de que, previamente, diputados de Morena, PT y PES en las Comisiones Unidas de Trabajo y de Estudios Legislativos, Segunda habían votado a favor del dictamen, sin embargo la Junta de Coordinación Política decidió que previamente debían discutirse en Parlamento Abierto las propuestas de cambio.
El senador Gómez Urrutia, quien también es líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, en el dictamen de la ley propone equiparar la subcontratación laboral con delincuencia organizada o extinción de dominio, lo que ocasionó la inconformidad de legisladores de oposición e integrantes del sector patronal.
Después de la votación de las comisiones unidas y la reacción de diversos sectores, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, a través de una carta pidió a la Mesa Directiva de la Cámara Alta posponer el proceso legislativo.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) replicaron que los cambios propuestos a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social generaría incertidumbre y alejaría las inversiones en el país.
El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, calificó a la iniciativa como inadecuada y desproporcionada, además de advertir que tendría graves consecuencias para la economía del país. Añadió que “genera un alto grado de incertidumbre, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera, busca criminalizar las relaciones laborales y es a todas luces inconstitucional”.
Por su parte, la Coparmex aclaró que está a favor de combatir el outsourcing cuando sea implementado por compañías de forma simulada e ilegal y se demuestre que afecta a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, pero rechaza que sea considerado en general como una simulación y pretenda calificarse como delincuencia organizada.
Indicó que la subcontratación legal de personal es un esquema que funciona desde hace muchos años ha demostrado ser una herramienta que permite crear más empleos y contribuye a elevar la productividad de las empresas.
El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, externó su descontento porque los legisladores no consultaron previamente a las partes involucradas lo que permitiría tener una ley acorde a las necesidades reales del país. Destacó que “de aprobarse esta reforma en los términos en los que está planteada se causarían severos daños a la economía del país, pues estarían en riesgo miles de empleos y se desalentaría la inversión”.
Al ser cuestionado al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no cuenta con una opinión definida, y se pronunció por que los senadores lleven a cabo una consulta para que los empresarios, trabajadores, especialistas y la sociedad general analicen la situación actual en que funciona el outsourcing y los cambios que se proponen.
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