La reciente extradición de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos marca un hito en la lucha contra el narcotráfico y resalta la compleja relación entre ambos países en materia de seguridad, por las recientes amenazas comerciales que se han presentado desde la llegada de Claudia Sheinbaum y Donald Trump al poder de sus respectivos países. Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara, fue señalado en su momento por el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, un hecho que tensionó en dicha década las relaciones bilaterales y evidenció la infiltración del narcotráfico en diversas esferas del poder en México.
El asesinato de Camarena fue percibido por Estados Unidos como un desafío directo a su autoridad, situando a Caro Quintero en la lista de los criminales más buscados. Durante décadas, Washington mantuvo la postura de que el gobierno mexicano había sido, en el mejor de los casos, negligente, y en el peor, cómplice, en la protección de figuras del narcotráfico, señalando públicamente al entonces secretario de gobernación, Manuel Bartlett.
Quintero huyó ese mismo año a Costa Rica, país en el que fue detenido y extraditado a México. 28 años después, la justicia mexicana lo dejó en libertad, lo que reactivó la tensión política entre Estados Unidos y México. En 2022 nuevamente se giró una orden de aprehensión en su contra, manteniéndolo tras las rejas y extraditado este mismo año en un acuerdo entre el país de Norteamérica y el nuestro.
La estrategia de seguridad de México ha experimentado cambios significativos en los últimos años. La administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador implementó la política de “abrazos, no balazos”, enfocándose en programas sociales para abordar las causas profundas de la violencia, evitando confrontaciones directas con los cárteles. Sin embargo, esta estrategia ha sido objeto de críticas, especialmente desde Estados Unidos, donde se percibe que no ha logrado frenar la violencia ni el poder de las organizaciones criminales.
Con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, México pareciera ser obligado a adoptar una postura más firme contra el crimen organizado. La extradición de 29 narcotraficantes a Estados Unidos, incluyendo a Caro Quintero, refleja un cambio hacia una estrategia más agresiva y colaborativa con las agencias de seguridad estadounidenses, tras ya el primer aumento de aranceles de Estados Unidos sobre México.
Este cambio de enfoque ha generado debates sobre la efectividad y las posibles repercusiones de una política más confrontativa. Mientras algunos sectores aplauden la mano dura contra el narcotráfico, otros advierten sobre el riesgo de escalar la violencia y afectar a la población civil, como ya se puede apreciar en Sinaloa. La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad continúa siendo un tema complejo, donde la cooperación y el respeto a la soberanía son fundamentales para enfrentar los desafíos compartidos.
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