Si hacemos una rápida encuesta entre nuestra familia y amigos, uno de los principales deseos personales siempre será el contar con una adecuada salud que permita nuestro desarrollo y el de nuestra familia. Por ello es que los programas de salud pública son de los más importantes para los ciudadanos, pues sin salud no hay calidad de vida.
En nuestro país, el derecho a la salud está garantizado para todos en el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), en donde se establece que todos los mexicanos tenemos derecho a la protección de nuestra salud por parte del estado mexicano, señalando que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades, señalando que la ley de la materia (Ley General de Salud) debe definir las bases y modalidades para acceder a los servicios de salud.
Algunos aspectos del derecho a la salud en la Constitución son: la ley debe garantizar que los servicios de salud sean gratuitos e integrales, la ley debe garantizar que los servicios de salud sean progresivos, cuantitativos y cualitativos, y, la ley debe establecer la participación de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
Pues en cuanto a nuestros derechos constitucionales a la salud, nadie podría tener alguna queja, pero la triste realidad es otra.
Bien sabemos que quienes hemos trabajado, sea en la iniciativa privada o en la administración pública, tenemos derecho a ser atendidos ya sea en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para los trabajadores del gobierno federal, o en algún sistema de salud para los trabajadores de las entidades federativas, como el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (ISSSTECALI) aquí en nuestro estado.
Para quienes por alguna razón no cuentan con ese derecho, y con el fin de acatar lo dispuesto por la Constitución y sus leyes secundarias, a lo largo de la historia se han creado organismos paraestatales o descentralizados que puedan dar ese servicio, así recuerdo con mucho agrado a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, comúnmente conocida como Seguro Popular que comenzó a funcionar en el año 2004, siendo Presidente de la República Vicente Fox, por el cual, las familias beneficiadas recibían el acceso a beneficios de atención médica comprendidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) que contemplaba 284 intervenciones médicas, agrupadas en 5 áreas: prevención y promoción en salud, medicina general y de especialidad, urgencias, cirugía general y obstetricia.
El 1ro. de enero de 2020, con el argumento de que en el Seguro Popular había mucha corrupción, aunque no se conoce proceso administrativo o penal en contra de funcionario alguno, este sistema fue desmantelado durante el gobierno de López Obrador dando pie a un nuevo organismo llamado Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual a pesar de su multimillonario presupuesto no pudo dar los resultados esperados, pues la escasez de medicamentos y material de salud se potencializo. Ya no hubo medicamentos para atender enfermedades catastróficas, como el cáncer, quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas ya no recibieron los medicamentos necesarios, si llegases a sufrir algún accidente tienes que comprar el material de curación, y así, muchos etcéteras.
Tal fue el fracaso del INSABI, que el día 25 de abril de 2023 la Cámara de Diputados aprobó su desaparición, para que ahora, una nueva institución llamada IMSS-Bienestar tome sus atribuciones y atienda a la población que no cuenta con servicios médicos públicos. En los hechos va quedando demostrado que cambiar de nombre a las instituciones no son la solución a los problemas de salud.
Hoy por hoy, esa escasez también ha alcanzado a todo el sistema nacional de salud, a pesar de la multimillonaria inversión en la llamada Megafarmacia del Bienestar con la cual se pretendía solucionar el problema de desabasto. Otra ocurrencia que solo en su instalación costó más de 3 mil 614 millones de pesos al erario público y que no ha servido para nada.
En todo el país, el personal médico y demás trabajadores de la salud nos van dejando claro su inconformidad por las condiciones en que trabajan y sobre todo la imposibilidad de dar los resultados esperados por la falta de las condiciones necesarias para ello. Tal y como ocurre en estos días en Baja California, en donde en el Hospital General de Mexicali en donde utilizando la frase “Por favor no te enfermes” se trabaja bajo protesta y se realizan manifestaciones demandando la falta de insumos médicos y medicamentos, así como la falta de pago de la segunda parte del aguinaldo a 2 mil 494 trabajadores, cifra que asciende a los 18 millones de pesos, misma que debió depositarse el 15 de enero.
Y tristemente, ante esa exigencia, la irresponsabilidad de la gobernadora morenista del estado Marina del Pilar Ávila la hace responder que ella ya entregó el hospital al IMSS Bienestar y que no es su problema, de forma que la 4t se “hecha la bolita” sin resolver una de las principales necesidades ciudadanas.
En mi concepto, en el cumplimiento del derecho constitucional a la salud para todos los mexicanos, el gobierno de la 4T nos está quedando a deber, y mientras no alcemos la voz para exigir políticas públicas en materia de salud que si sirvan seguiremos viviendo esta tragedia de salud.
¿Cuántos ya han muerto por falta de un sistema de salud que sirva?, ¿cuántos más habrán de dar su vida en medio de esta desgracia gubernamental?, ¿hasta cuándo seguiremos aguantando a este gobierno mediocre que no tiene otro interés que perpetuarse en el poder?
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