La oposición partidista debe, sin tibiezas, exigir al gobierno de la República el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, desde el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia hasta la aplicación de la política pública de prevención, sanción y erradicación de la delincuencia organizada, especialmente de los cárteles de las drogas.
Los llamados a la unidad son más bien el pretexto de las incapacidades e ineficiencias institucionales -incluso complicidades-, que nos mantienen a los mexicanos en estado de indefensión.
No ha habido sorpresas con la reacción del gobierno mexicano frente a Donald Trump y su narrativa, ya conocida -desde su primera campaña-, sobre nuestro país y los cárteles de las drogas. Tampoco fue distinta la reacción de los líderes opositores partidistas que, ansiosos por visibilizarse, solo se mantienen en la intrascendencia.
Pasamos de “México pagará el muro” a “declaramos a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas” y, con ello, el gobierno cuatroteísta se envuelve en la bandera del patriotismo y, la oposición, en la inútil discusión de “trabajar o no por la unidad nacional”. En ese círculo vicioso, los únicos que pierden son los habitantes de ambas naciones, que ven cómo se agravan los problemas, especialmente de inseguridad y economía.
La realidad es que la política pública no existe para los gobiernos, cuyo único propósito es mantener electores cautivos para sostenerse en el poder. La discusión sobre migración y seguridad se queda en el terreno superficial, con consecuencias verdaderamente graves. Me explico.
Mientras todas las mañanas de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum dice públicamente que “defiende” los derechos del pueblo, la soberanía y la independencia de México”, en diciembre del 2024, Morena y sus aliados votaban la propuesta del Ejecutivo para disminuir el presupuesto en materia migratoria.
El Instituto Nacional de Migración (INAMI), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, la Unidad de Política Migratoria, Registro e identidad de Personas, disminuyeron sus recursos en más de 50 por ciento, sin contar además, que la conducción del tema migratorio sigue en manos del amigo de Andrés Manuel López Obrador, Francisco Garduño, quien goza de impunidad por la muerte de cerca de 50 migrantes en Ciudad Juárez y, además, no se le ve interés ni capacidad alguna para enfrentar un problema tan severo.
Y mientras, las estaciones migratorias se encuentran con enormes carencias; las organizaciones civiles y los particulares que se dedican a brindar apoyo humanitario a estos grupos se enfrentan a la indiferencia gubernamental y a los riesgos que conlleva la atención a los migrantes, una gran parte de ellos desplazados de sus lugares de origen por la inseguridad y la precaria economía que los agobia.
El avance de los cárteles de las drogas en territorio mexicano es evidente; la situación no sólo es medible por el aumento de los homicidios dolosos reportados en los datos oficiales, sino también por la complicidad de autoridades locales y federales en entidades como Sinaloa, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Sonora, Veracruz, Colima, Baja California y Quintana Roo, donde la violencia no cesa y los abrazos, antes públicos, ahora se otorgan en la sombra de palabras tales como “defenderemos a México con uñas y dientes”. Por más operativos que presuman, la realidad y las muertes ubican en su justa dimensión, la ineficiencia gubernamental.
El gobierno no puede seguir negando la existencia de fabricación de fentanilo, debe combatirlo. Tampoco puede seguir culpando al pasado sobre sus responsabilidades actuales, pues cuenta con los recursos, humanos, materiales y tecnológicos para enfrentarlas.
No traiciona a la Patria quien exige seguridad para ellos y sus familias. No traiciona a la Patria quienes señalan los errores del gobierno y tampoco traiciona a la Patria quien desea un país de respeto a la pluralidad y el que piensa distinto. Traiciona a la Patria quien, por sus intereses personales y de grupo, permite que el crimen y el odio predominen. Traiciona a la Patria quien acepta que la muerte sea la costumbre en un país donde debería prevalecer la paz.
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