En otra entrega he dejado clara mi oposición a la mal llamada reforma constitucional al Poder Judicial, pues más que una reforma se trata de la destrucción de un poder autónomo que da fundamento al estado mexicano.
Hoy quiero tomar un tema que viene a impactar como consecuencia de las reformas aprobadas, pues la construcción de la democracia en México ha costado muchos años de lucha por generaciones enteras y ahora, en tiempos de la 4T, vemos como lo logrado está en verdadero peligro.
La reforma constitucional impone la celebración de comicios en este año 2025 para la elección de quienes habrán de ocupar 861 posiciones dentro de la estructura del Poder Judicial de la Federación y más de mil en los Poderes Judiciales de las entidades federativas, lo que convierte a estas elecciones en las más grandes de la historia de México, de ahí el gran reto para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
En los hechos ha quedado claro que, en el cumplimiento de los deseos presidenciales, los legisladores oficialistas no han medido el tamaño del reto y no han dado a las autoridades responsables del proceso electoral los elementos necesarios para el cumplimiento de su responsabilidad, comenzando por el tiempo necesario para su organización.
Simplemente, dado que en los requisitos para poder aspirar a los cargos del Poder Judicial eliminaron la experiencia en la materia, en el plazo otorgado, se inscribieron 49 mil 398 ciudadanos ante los comités de evaluación de cada uno de los Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, complicando con ello el proceso de evaluación que habrían de realizar dichos comités.
Para darnos una idea del tamaño del trabajo necesario, hace un par de días, el comité de evaluación del Legislativo anunció que tuvo que entrevistar a 10 mil 877 aspirantes inscritos ante ellos ocupando más de 2 mil 175 horas de trabajo en esa etapa del proceso, el equivalente a 90 días 24/7, y que solo 5 mil lograron pasar el filtro de esa evaluación.
Para poder desarrollar un proceso electoral de este tamaño, el INE solicitó un presupuesto de 13 mil millones de pesos, pero ya con los ajustes realizados en la Cámara de Diputados, le quedarían unos 7 mil millones de pesos para organizar la elección del Poder Judicial de la Federación.
Ante esta preocupante resolución, el Consejo General del INE ha realizado diversas gestiones ante la presidenta Sheinbaum para recibir una ampliación presupuestal, pero los resultados no han sido exitosos hasta hoy.
De no darse el presupuesto necesario para el buen desarrollo del proceso electoral, el INE ya ha anunciado una serie de medidas que representan un total y preocupante retroceso en la democracia mexicana, sin que ello muestre la más mínima preocupación y ocupación del gobierno cuatrotero que una vez más demuestra que les interesa más una “democracia populista” que una efectiva.
Los ciudadanos nos hemos cansado de escuchar que desde el gobierno y sus corifeos nos repitan una y otra vez que se hace historia y que por primera vez el pueblo elegirá jueces, magistrados y ministros, pero en los hechos estamos viendo que el proceso será una burla a la democracia.
El INE ya advirtió que el voto desde el extranjero no será posible en 2025, el número de casillas electorales se verá seriamente disminuido y que para ahorrar recursos en esta ocasión se recurrirá a los llamados centros de votación que en muchos casos no estarán cercanos a los ciudadanos, que la promoción de la participación ciudadana se disminuirá por falta de presupuesto y una serie de medidas más que sin duda incrementarán el abstencionismo que ya se percibe se dará por la evidente falta de interés ciudadano al no conocer a los candidatos y considerando el tiempo que se estima se tardará en emitir su voto.
Además, para disminuir costos, el INE ha anunciado que las boletas electorales para la elección del Poder Judicial no podrán contar con las 12 medidas de seguridad con las que contaron las de los comicios del 2024, lo que de entrada incrementará las dudas habituales en cuanto a la legalidad de los resultados.
Yo opino, la imposición de la reforma constitucional para que desde el gobierno cuatrotero pudieran apoderarse del Poder Judicial además de las implicaciones negativas al estado de derecho saldrá muy caro para la democracia en México, pues se dan señales de que hoy por hoy va en reversa.
Se necesita un auténtico despertar ciudadano que señale al gobierno su desacuerdo y para que en las elecciones de 2027 se detenga esta destrucción de las instituciones que, con mucho esfuerzo, trabajo y hasta sangre se habían logrado para nuestro país, pues ahí está el espejo llamado Venezuela para que nos veamos reflejados.
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