La elección popular de jueces, magistrados y ministros que se tiene prevista realizar el 1 de junio por primera vez, marca un hito en la selección y composición del Poder Judicial, proceso que se ha desarrollado de manera acelerada, confusa y con recursos limitados, no ha escapado a inconformidades, acusaciones que van desde el sentido común y algunas de plano rayan en la politiquería de quienes defienden este modelo y quienes lo condenan lo que dificulta aún más el proceso que ya de por sí era complicado.
Fueron más de 10 mil 887 quienes se registraron como aspirantes a candidatos a un cargo dentro del Poder Judicial, pero después de ser valorados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL), casi la mitad fueron descartados, por lo que aún siguen en la carrera cerca de cinco mil.
Cabe destacar que el Comité de Evaluación por parte del Poder Legislativo Federal, está compuesto por: Maribel Concepción Méndez de Lara, Ana Patricia Briceño Torres, Marta Gabriela Sánchez García, Maday Merino Damián y Andrés Norberto García Rapper Favila.
La ocasión que fueron seleccionados, la diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) calificó como una farsa, porque se viene a decir que los integrantes del Comité cumplen los requisitos mínimos cuando “no había ningún requisito en la ley y fue lo que nosotros advertimos: no había reglas claras para la integración, y es así, que hoy el único requisito es que fueran cercanos y que demostrarán que habían participado en la 4T”.
Asimismo, la diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) afirmó que la reforma constitucional en materia de elección de ministros, magistrados y jueces es un golpe mortal a la democracia y al Estado de derecho, atenta contra la división de poderes y contra el acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial.
Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) lamentó cómo se estaba realizando el proceso de selección de candidatos, pues afirmó que “lo único que está haciendo en poniendo al oficialismo como el intermediario que escoge las candidaturas, en lugar de permitir que concursos de oposición decidan cuáles son los mejores perfiles, para después ponerlos a votación de la gente, y ahí sí ya sin ningún tipo de intermediarios. Entonces, esas son las cosas que nos duelen mucho, porque en la realidad de las cosas, sí hay una intermediación que elige las candidaturas a modo, no vemos por qué tendría que salir de otra forma”.
Baches y socavones
En el accidentado camino hacia el proceso electoral para junio próximo, se formó un tremendo socavón debido a que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) decidió suspender su participación en el proceso electoral, señaló que debía cumplir con la suspensión emitida por un juez federal en diciembre de 2024 en un juicio de amparo contra la reforma.
Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y algunos otros ministros, de utilizar el espacio que tienen para evitar que se lleve a cabo la elección del Poder Judicial.
Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó una ampliación presupuestal de mil 511 millones 766 mil 655 pesos para cubrir los costos asociados a las elecciones de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, entre los cuales destacó el costo promedio de cada casilla que ascenderá a 29 mil pesos, además de que se requieren más recursos pues se planea aumentar el número de Mesas Directivas seccionales de 73 mil 850 a 86 mil.
Pero también, Claudia Sheimbau le pidió al INE definir lo más pronto posible las reglas de la elección popular y dentro de estas que señale lo que un partido político puede hacer.
La mandataria ha afirmado que la elección va y los procesos continúan su marcha en la que los empujones, pellizcos, codazos y tropezones no cezan entre quienes apuestan al nuevo método popular y quienes se resisten al cambio estructural.
¿Te genera confianza el proceso que se realiza para elegir a los candidatos a jueces, magistrados y ministros?
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