Lo que sí entiende el presidente –y hace bien en señalarlo– es esa cultura del abuso que ha privado en el servicio público y de la que José Luis Vargas es un claro exponente.
El escándalo de la fortuna, beneficios y viajes del magistrado electoral José Luis Vargas no debe perderse en el tumulto de información que se maneja diariamente. Se trata de una revelación de una institución corrompida en la que priva el descaro, la avaricia y la mezquindad.
El Trife en el ambiente jurídico y político es famoso por moverse con dinero: lo mismo decide una cosa que decide otra. Es un tribunal de compensaciones, cuando le quita a uno, le compensa al otro. Esa ha sido su dinámica durante años. El Trife se convirtió en una máquina de componendas de los partidos. Militantes de todos los partidos litigan sus asuntos incluso al margen de sus propias dirigencias. Para muchos aspirantes a puestos públicos, les es más importante pelear en el tribunal que hacer una campaña ganadora: su apuesta está en lo postelectoral, en el poder del dinero. Además de que las elecciones bien las pudiera calificar el propio INE sin problema alguno.
El caso de Vargas ilustra varias razones por las que debe desaparecer ese tribunal. Si tomamos únicamente lo publicado en Reforma en dos días (28/10/19 y 29/10/19) y las respuestas en los medios del señor Vargas, nos podemos dar cuenta de la podredumbre que se mueve en esa institución. A la denuncia de sus propiedades, anunció que tenía más que las publicadas y que las debía al ejercicio de cinco años de litigante exitoso y los ingresos de su familia. Denunció un “complot” internacional diseñado en Alemania en el que participaba uno de sus colegas magistrados, un exsenador del PAN, un senador de Morena, un empresario y la exesposa del exsenador panista que trabaja en la UIF (por cierto, una mujer inteligente y competente que, efectivamente, trabaja en el gobierno del que es adversario de quien fuera su esposo). Ignoro si para el magistrado Vargas “exesposa” es una categoría de persona y qué concepto le merecen las parejas, y, específicamente, las mujeres divorciadas. Es claro que para él, “la ex” es sinónimo de dependencia. Qué pena un juzgador de ese nivel.
Una muestra de la abyección de Vargas es su abierto gobiernismo manifestado en su defensa. El hombre dice que lo trata de golpear un periódico “conservador” que forma parte de la “ultraderecha” nacional y que buscan desestabilizar al gobierno de López Obrador. Esto en boca de alguien que vive en Las Lomas de Chapultepec y tiene departamento en Miami y cuyo “amo es Gamboa” (según dijo el senador morenista Germán Martínez). Pero el asunto va más allá de esos calificativos. Es el exceso en el que vive el magistrado y sus compañeros. Vargas ha realizado 29 viajes al extranjero. Uno de esos boletos costó al erario más de 180 mil pesos, más alimentos y hoteles. Además, la vida cotidiana está llena de derroche, la vida de esos magistrados está lejos de un equilibrio. Si bien el sueldo debe ser adecuado a su responsabilidad, se llenan de gastos que salen de su buen sueldo. A Vargas (Reforma 28/10/19) se le asignan siete coches ¡siete!, dinero para ¡alimentación! Y hasta la gasolina de los automóviles evitan pagar. No pagan ni el café que se toman. Es el abuso generalizado. Cuando se habla de la desaparición de los órganos autónomos, somos varios los que ponemos el grito en el cielo, porque el presidente no entiende los beneficios de éstos. Pero lo que sí entiende –y hace bien en señalarlo– es esa cultura del abuso que ha privado en el servicio público y de la que José Luis Vargas es un claro exponente.
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