En los últimos años, el sistema judicial mexicano ha estado en el centro de una intensa discusión pública debido a una serie de reformas destinadas a transformar cómo se eligen los jueces en el país. Estas reformas han buscado aumentar la transparencia, reducir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana en el Poder Judicial. Sin embargo, también han generado críticas y preocupaciones sobre la independencia judicial y la calidad de la justicia.
La reforma al Poder Judicial aprobada en la segunda mitad de 2024 por el Congreso de la Unión establece la elección popular de los jueces federales, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la justificación de esta medida propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, era democratizar el acceso a los cargos judiciales y fortalecer la legitimidad del sistema judicial al permitir que los ciudadanos elijan directamente a sus jueces.
De esta manera, el nuevo sistema contempla elecciones cada nueve años, con posibilidad de reelección inmediata para un periodo adicional. Entre los requisitos con los que los candidatos deben cumplir son ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, poseer un título en derecho con un promedio académico mínimo de 8, y contar con al menos cinco años de experiencia profesional relevante. Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) estará encargado de organizar las elecciones, garantizando que no haya financiamiento privado ni intervención de partidos políticos en las campañas.
Entre los principales argumentos a favor de esta reforma está la promesa de una mayor transparencia y responsabilidad. Al someter a los jueces al escrutinio público, se espera que sean más sensibles a las necesidades y demandas de la ciudadanía. También se busca reducir la influencia de redes políticas y económicas que tradicionalmente han controlado los nombramientos judiciales.
Además, los defensores de la medida sostienen que la elección popular puede generar una mayor participación ciudadana en los asuntos de justicia, fortaleciendo el vínculo entre el Poder Judicial y la sociedad.
Negritos en el arroz
A pesar de que el gobierno federal, partidos de izquierda y algunos integrantes del propio Poder Judicial vieron con agrado los cambios hechos, la medida fue duramente criticada por jueces, magistrados, colegios de abogados, instituciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, ejemplo de ello es lo expresado por Human Rights Watch, organización que manifestó su preocupación por la posible politización del sistema judicial al argumentar que los jueces podrían priorizar intereses populistas sobre la aplicación imparcial de la ley.
De manera similar, el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Víctor Olea, advirtió que esta medida podría erosionar la independencia judicial y reducir la calidad profesional de los jueces.
Asimismo, el gobierno de Estados Unidos expresó su inquietud por los riesgos democráticos que conlleva esta reforma. Según un informe del Departamento de Estado, la elección popular podría debilitar la separación de poderes, especialmente si los jueces se ven obligados a responder a las presiones del electorado o del gobierno en turno.
Los primeros tropiezos
A pesar de las bondades que en teoría representa una elección popular en el sistema judicial mexicano, quienes redactaron y quienes votaron esta ley no repararon en lo que implicaba la logística ni el costo económico de la misma.
Para organizar este ejercicio, el responsable será el Instituto Nacional Electoral (INE) pero con un recorte presupuestal para 2025 que es menor a 67 por ciento a los recursos que recibió en 2024 la pregunta que propios y extraños han hecho es la de que si ¿es posible llevar a buen puerto esta elección?
Sin embargo, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que el organismo realizará “un trabajo de excelencia” en la elección del Poder Judicial programada para junio de 2025. Afirmó que la Junta General Ejecutiva (JGE) del instituto tiene la capacidad de adaptarse y transformar sus procesos para innovar en la organización electoral, frente a la baja de recursos solicitados.
Además, el proceso de selección de candidatos también ha sido puesto en tela de juicio por su complejidad y falta de claridad. De las más de 50 mil solicitudes iniciales, el 61 por ciento fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos mínimos, dejando a más de 19 mil aspirantes en competencia. La siguiente etapa del proceso incluye evaluaciones de trayectoria y honestidad, seguidas de un sorteo aleatorio para determinar los nombres que aparecerán en la boleta electoral.
Por ahora, el proceso de selección judicial está en la fase de entrevistas públicas que llevará a cabo el Comité de Evaluación el cual calificará a los candidatos con parámetros que contemplen no solo su capacidad técnica, sino también en su sensibilidad y empatía hacia la justicia y el pueblo mexicano, de acuerdo al ministro en retiro Arturo Zaldívar quien está al frente de dicho comité.
Cabe señalar que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo durante todo el mes de enero analizará a cada candidato y posteriormente la presidenta Claudia Sheinbaum será la encargada de aprobar el listado final, que posteriormente se enviará al Senado para su insaculación.
El éxito de esta reforma dependerá en gran medida de la capacidad de las instituciones mexicanas para garantizar un proceso transparente y equitativo, así como de la participación informada de la ciudadanía. De lo contrario, el riesgo de politización y debilitamiento del sistema judicial podría superar los beneficios esperados, dejando a México en una posición vulnerable frente a la corrupción y la injusticia.
¿Crees que la elección de jueces y magistrados llegará a buen puerto?
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