El peligro se encuentra en la ideología liberal, “modernizadora”, “creativa” en sus interpretaciones con el propósito de cambiar la realidad social, en lugar de impartir justicia.
La renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abierto un debate acerca del comportamiento de este Poder de la Federación, cuya función de vigilar sobre el Estado de Derecho, a partir de la defensa de la constitucionalidad, ha quedado en entredicho, al tiempo que hay señalamientos sobre el comportamiento de los jueces que dependen de ella, ya sea por corrupción o complicidad con quienes violan las leyes.
Por otra parte, desde el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador han surgido señalamientos de su intención de controlar al Poder Judicial para cerrar el candado de su poder, ya que además del Poder Ejecutivo, su partido cuenta con mayoría en el Congreso de la Unión. Ya pudo proponer dos nuevos ministros para la Corte que por sus vínculos con el presidente dieron mucho qué hablar. Luego al proponer una nueva sala para tratar los delitos asociados a la corrupción, se dijo que era una forma de crear nuevos ministros que le dieran mayoría a quienes favorezcan las acciones de la 4T.
El caso Medina Mora ha despertado numerosas suspicacias debido a que un Ministro de la Suprema Corte sólo puede renunciar a su cargo por causas graves. En este caso salieron a relucir dos temas. Por un lado, se habló del envío de enormes cantidades de dinero al exterior supuestamente desproporcionados con sus ingresos, lo que dio lugar a sospechas de lavado de dinero y corrupción. Al mismo tiempo, se dijo que este Ministro había intervenido en algunos procesos para favorecer a personas implicadas en la corrupción en el sexenio pasado.
Los anteriores señalamientos se interpretaron como acciones promovidas desde el Poder Ejecutivo, incluso con señalamientos de amenazas del SAT de aplicar medidas precautorias no sólo contra él, sino a familiares. Estos serían los motivos por los cuales Medina Mora habría renunciado. Pero todas estas especulaciones quedan en eso debido a que en su carta de renuncia adujo motivos personales que han dado pie a todo ello, sin que él de más explicaciones.
Pero el Poder Judicial ha estado bajo sospecha desde antes de estos casos. Otros casos jurídicos han provocado señalamientos respecto de la corrupción en sus acciones, además de la lentitud en la aplicación de justicia. Mientras los otros dos poderes registraron importantes cambios en la transición política, el Poder Judicial no había mostrado cambios importantes desde los promovidos por el presidente Ernesto Zedillo. Una fuerte crítica fueron los altos salarios de los ministros, los señalamientos de nepotismo, favoritismos, etcétera.
Pero quizá lo que va al fondo del tema sean las resoluciones que han avalado el aborto en el Distrito Federal y los llamados “matrimonios igualitarios”, por señalar dos casos, y que se inscriben en lo que el presidente de la Corte, el ministro Arturo Zaldívar califica como criterios liberales y modernizadores, frente a una sociedad conservadora que pretende cambiar con un nuevo tiempo de interpretaciones de la Constitución y los Derechos Humanos. Con ello desecha los anteriores criterios de jueces que afirmaban que ellos simplemente se ceñían a la aplicación de la ley.
En realidad, las nuevas interpretaciones que se han introducido en el país con criterios creativos, según expresión del ministro Zaldívar, la Corte está legislando más allá de lo que dice la Constitución y las leyes, invadiendo un campo que no es suyo. Con estos criterios ha pretendido obligar a algunas entidades a legislar en términos que no se encuentran ni en la Constitución y las leyes ya existentes. Y si bien es cierto que la función de la Corte consiste en la defensa e interpretación de la Constitución, se requiere respetar su espíritu tal y cual fue redactada, y no se vale, como dice el presidente de la Corte, asumirse como gestores de un “constitucionalismo transformador”, que aunque no coincida con las transformaciones pretendidas por el presidente de la República, no deja de ser arbitrario en la medida en que se aparta de la letra de la Constitución y de los principios que rigen a la sociedad mexicana.
Por otra parte, la corte se autodesigna para “ampliar los derechos humanos”, a partir de lo cual abre espacios imaginativos para crear una nueva realidad a partir de sus sentencias que van, incluso, en contra de la naturaleza humana que, a fin de cuentas, es el fundamento de los derechos humanos.
Con lo anteriormente dicho creo que la crisis de la Corte no sólo se encuentra en el supuesto o real intento del presidente López Obrador de controlarla, aunque sí la ha presionado con sus críticas en las conferencias mañaneras, aunque el ministro Zaldívar no lo sienta así. El peligro se encuentra en la ideología liberal, “modernizadora”, “creativa” en sus interpretaciones con el propósito de cambiar la realidad social, en lugar de impartir justicia.
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