Lo que piden los taxistas es que el gobierno les quite a una competencia que se está quedando con los viajeros que están dispuestos a pagar un poco más.
En la Ciudad de México, el 0.4 por ciento de los taxistas paralizaron una parte importante de la Ciudad solicitando que se eliminen las “aplicaciones de origen extranjero”. Después de un día de bloqueos, obtuvieron una reunión con el subsecretario de Gobernación, y pidieron una disculpa a la ciudadanía, así como el ofrecimiento de no volver a paralizar la Ciudad por esta situación. Fíjese: ¡qué bondadosos!
Yo sé que es un tema básicamente local, aunque los que llevaron acabo el bloqueo dicen ser una organización nacional y comentaron que hubo bloqueos en otras once ciudades, sin que haya sido muy claro de qué ciudades estamos a hablando. Sin embargo, los temas de fondo en esta situación son de consecuencias más generales para toda nuestra economía.
Desde hace de algunos años, las aplicaciones electrónicas para solicitar servicios de taxi han crecido de una manera impresionante. Actualmente ya hay una gran cantidad de aplicaciones y se han diversificado los servicios de otro tipo con actividades similares. Obviamente, la situación afecta a los taxistas que tienen los procedimientos tradicionales.
Es importante entender el modo como se hace dinero en el negocio de los taxis. Aunque parece muy obvio, muchos no tienen claro que un taxista sólo tiene ingresos cuando está circulando con personas que están pagando el viaje. El resto de su tiempo disponible está circulando vacío, con lo cual no genera ingresos y, de hecho, incurren en gastos. Por esta razón, al haber más proveedores de servicio en una población, como la de la Ciudad de México, que ya no crece, los taxistas tienen menores ingresos.
Pero esto no es el único tema. Desde hace décadas se han manejado taxistas denominados “piratas”, muchas veces protegidos por grupos políticos que, sin cumplir los reglamentos y las revisiones obligatorias, están circulando muchas veces con amparos. En otros casos, grupos políticos les consiguen las placas de circulación especiales para taxis, a un precio mucho menor que el que tienen los taxistas normales. Todo ello huele fuertemente corrupción. Si usted le pregunta un taxista cuánto cuesta un juego de placas para servicio público, la respuesta es muy variable, de 60 mil a 100 mil pesos. A esta variación muestra que no hay una tarifa oficial y que el cobro se establece discrecionalmente. O sea, mediante un mecanismo corrupto.
Hay otro aspecto importante. En la Ciudad de México hace siete u ocho años que no se revisan las tarifas que se cobran mediante taxímetros. En ese mismo periodo, el precio de la gasolina ha subido a más del doble. De hecho, el costo es uno de los renglones más importantes en la economía del taxi. ¿Cuál es la situación de un taxista que tiene ahora menos ocupación de su jornada de trabajo y que le cuesta más la gasolina? Curiosamente, los taxistas no están pidiendo que se ajusten los precios de su servicio. Están muy conscientes de que, si sube la tarifa, habrá una buena cantidad de usuarios que preferirían otros servicios. Si usted se fija, quienes bloquearon el tráfico en la ciudad de México no mencionaron este asunto.
Claramente hay una gran injusticia en el modo como se están tratando a los taxistas. Costos altos de tramitación, aumento exagerado del número de autorizaciones e incremento por muchos años del costo la gasolina sin ajuste en las tarifas, han hecho que muchos de ellos estén abandonando el negocio. Ya empiezan a encontrarse en algunos sitios de taxi de la ciudad, letreros solicitando taxistas con sus placas y demás registros al corriente.
Agréguele usted el tema de las aplicaciones. Hasta el momento, no requieren del pago de unas placas especiales, sus tarifas se ajustan de acuerdo con el tránsito de la hora y en la propia aplicación los alertan de los usuarios que están buscando servicio, sin necesidad de que ellos estén circulando sin pasajeros. Por estas razones, ya hay taxistas que están inscribiéndose en una o varias aplicaciones para mejorar sus oportunidades de circular con pasajeros que pagan por el servicio.
Se quejan los rijosos (recuerde usted, que son el 0.4 por ciento de los taxis en circulación) de que es una competencia desleal. Sin embargo, es un hecho que los operadores de estas franquicias en términos generales cobran tarifas más altas que los taxis ordinarios. Un modo muy raro de ser competitivo. Por otro lado, si los que manejan las aplicaciones no están pagando los impuestos que deberían pagar, debería caer sobre ellos todo el peso de la ley. Igual que los que manejan los taxis tradicionales.
La realidad, y las aplicaciones lo han demostrado, es que los usuarios están dispuestos a pagar un poco más a cambio de un servicio cómodo, limpio, con apoyos que mejoran hasta cierto punto la seguridad y que permiten ahorrar los tiempos de espera. Los que quieren acabar con las aplicaciones no están ofreciendo nada en este sentido; lo que están pidiendo es que el gobierno les quite a una competencia que se está quedando con los viajeros que están dispuestos a pagar un poco más.
Desgraciadamente, la situación se puede extrapolar. Hay empresarios, y no son pocos, que esperan del Gobierno que regresemos a las épocas de la economía cerrada, de la protección de la economía nacional, que en la práctica significa no tener competidores con grandes capacidades, de manera que con inversiones relativamente pequeñas se puedan tener utilidades más grandes de las que podrían tener en cualquier otro país. A eso, algunos políticos llaman “ ser antineoliberales”. Hacer que el público pague más para poder sostener a quienes no son competitivos, lo ven como un bien para la nación. Sin darse cuenta de que el mercado, o sea la sociedad, no tiene la capacidad de pagar precios exorbitantes como los que pagábamos cuando vivíamos en una economía cerrada.
Habrá que estar alertas. Este modelo para presionar al gobierno para limitar la competencia extranjera puede tener muchos bemoles. Y hay quienes lo están impulsando.
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