Han pasado casi dos meses de que Claudia Sheinbaum tomara protesta como presidenta de México y prácticamente se ha esfumado la esperanza de quienes, por ingenuidad, resignación o conveniencia, pensaban que este sexenio sería distinto.
El estilo de gobernar es el mismo y la narrativa en casi nada se ha modificado, en cambio, el control del gobierno amplió sus brazos operadores a través de su partido, sus legisladores y sus gobiernos estatales y locales, y concentró todos sus esfuerzos a la anunciada pulverización del Poder Judicial.
Como era de esperarse, desde el púlpito presidencial tampoco disminuyeron los ataques y exhibiciones de personajes; el linchamiento público se ha normalizado y la soberbia de los representantes de la famosa transformación es evidente.
Envalentonados legisladores, gobernadores y “militantes destacados” se sienten intocables e impunes, porque saben que las cadenas de complicidades se fortalecen cuando más personajes se suman y que, en automático, se purifican justificando la impunidad con la mal llamada unidad.
¿Qué sigue entonces para México?
La realidad es que una enorme mayoría no coincide con el estilo cínico e ineficiente de la transformación y no aplaude al gobierno. Por más que se hable en nombre del pueblo, deben comenzar por aceptar que 40 millones de mexicanos no votaron y ahí está el reto.
Así es que después de dos semanas de la renovación de la dirigencia del PAN, lo ideal sería que el partido de oposición con el mayor número de votos cambiara en serio y de fondo, para volver a ser opción ciudadana fuerte y firme en los próximos años.
Jorge Romero llega a la dirigencia con los votos de los militantes concentrados principalmente en los padrones de seis estados y en las nóminas de sus gobiernos municipales y estatales. Entre ellos están los votos de las nóminas de los Yunes, además de los que se amarraron con los recursos provenientes de personajes que, al amparo del partido, tejen complicidades y negocios con los gobiernos morenistas en turno.
No se puede dejar de mencionar a aquellos dirigentes que se han mantenido al frente del partido en sus estados y municipios por varios periodos, sin que los resultados electorales mejoren, sino al contrario, hacen evidente el retroceso al que nos llevaron.
Y aunque la elección nacional fue por militancia, como lo marca el estatuto, se estableció una estrategia que denunciamos desde el inicio de la campaña, para “amarrar” los cambios que, a la luz de los datos, no son cambios.
Estado de México y Guanajuato, primero, negaron a los militantes su participación para elegir sus dirigencias. Siguieron Jalisco y Yucatán; después se sumaron Chihuahua, Ciudad de México, Nuevo León y San Luis Potosí y luego fueron Puebla, Guerrero, Sonora, Quintana Roo y Michoacán. De hecho, estas decisiones fueron impugnadas (algunas todavía no se resuelven).
En prácticamente todos los casos, los elegidos fueron producto de reelecciones o personajes afines a los feudos dominantes: los mismos que se pusieron como candidatos en las primeras posiciones, hoy ocupan cargos públicos de representación.
Ante este panorama y luego de observar el recibimiento del oficialismo a la nueva dirigencia, surgen algunas preguntas para el presidente nacional:
¿Qué hará como presidente de la comisión permanente, si entre sus facultades está la posibilidad de vetar la decisión de unos cuantos y darle valora la militancia que tiene el derecho de participar?
¿Cómo actuará ante las impugnaciones de muchos de esos estados que se presentaron ante la comisión de justicia, que por cierto actúa de manera evidentemente parcial a favor de las decisiones cupulares?
¿Tendremos dirigencias de tiempo completo?
¿Solicitarán todos licencias en sus encargos públicos para dedicarse a reconstruir las estructuras de promoción y cuidado del voto?
¿Sus secretarios serán servidores públicos probados y eficientes o serán nombrados aquellos que fueron parte de los desastrosos resultados que tuvimos en los últimos años?
¿Serán verdaderos opositores en lo federal y en los estados para denunciar los abusos de Morena, sus aliados y sus gobiernos?
Me queda claro que estas respuestas las tendremos en los siguientes meses, porque de ellas y de muchas otras que exigiremos en breve, dependerá si Acción Nacional se recupera o se convertirá en una institución aún más intrascendente que durante sus dos últimas administraciones.
Sobre la decencia pública que requerimos como oposición, la propuesta de país que debemos presentar y otros cuestionamientos obligados sobre el desempeño partidista hablaremos en siguientes entregas, porque quienes participamos en todos y cada uno de los estados exigiremos resultados. Es nuestro deber como militantes comprometidos con las causas de México.
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