Eduardo Medina Mora sucumbió a las presiones de la 4t a la que incomodaba desde la SCJN. Para sustituirlo, AMLO tendrá libertad de proponer alguien afín a su proyecto.
La inesperada dimisión del magistrado Eduardo Medina a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no sólo es un hito en la historia de esta institución, sino que además con su salida abrió la puerta para que López Obrador coopte al único de los Poderes de la Unión donde existía un equilibrio y representaba un verdadero contrapeso a su gobierno.
Fue embajador de México ante Estados Unidos y Reino Unido, se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública, procurador general de la República y ocupó la dirección del Centro Nacional de Inteligencia (Cisen) en la administración de Vicente Fox, época en la que se buscó desaforar a AMLO quien en ese momento era jefe de gobierno del Distrito Federal y por lo que Medina Mora ganó la enemistad de López.
En 2015 fue nombrado magistrado de la SCJN, lo cual le valió duras críticas por parte del entonces presidente del Consejo Nacional de Morena quien acusó a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Cevallos de estar detrás de dicha decisión, y señaló que el Poder Judicial tendrían que ser un poder independiente pero que los nuevos ministros (tres nombrados en ese año) estaban totalmente comprados por la mafia del poder.
En un evento realizado en Jiutepec, Morelos, en marzo de 2015 un día después del nombramiento de tres nuevos magistrados, López aseguró que “cuando triunfe Morena se modificará la Constitución para que los ministros de la Suprema Corte no se impongan, que no sean por acuerdo de la cúpula “va a ser la gente la que va a elegir a sus jueces para que de esta manera sí haya un verdadero Estado de Derecho, no como ahora un Estado de chueco, un Estado de cohecho, en donde las instituciones están secuestradas al servicio de la mafia del poder”.
A tan sólo unos días de que López de haber asumido la presidencia, Medina Mora presentó su informe de labores al frente de la Segunda Sala en donde aprovechó para pedir respetó a la autonomía de cada uno de los poderes. “Como jueces no respondemos a la voluntad de las mayorías sino a los principios tutelados por nuestra Constitución. No significa que nuestras decisiones sean inmunes a la crítica social, gubernamental o incluso académica”, resaltó.
Tiempos controvertidos
Después de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobara la legalización del aborto, el entonces titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, promovió una acción de inconstitucionalidad (147/2007), en la que afirmó que la decisión del órgano legislativo en materia de aborto, contradecían a la Constitución.
En un comunicado de prensa que la dependencia emitió al respecto, se sustentaba la oposición al aborto que “de acuerdo con lo que se ha sostenido por mayoría de votos en la SCJN, lo que no puede hacer una norma es permitir la privación de la vida del producto de la concepción, ni discriminar su protección por determinadas características, como sería la temporalidad de gestación. Por esta razón, se estima que el decreto de la Asamblea Legislativa es contrario a los postulados”.
El comunicado fue muy claro al indicar que “los criterios que soportan la posición del procurador son estrictamente técnico-jurídicos, sin atender factores de orden político, económico, social, ético, moral o de cualquier otra índole”.
En sus encargos públicos tuvo varias encomiendas que resultaron controvertidas como cuando era titular de la Secretaría de Seguridad Pública y esta corporación participó en la disolución de una manifestación en 2006 en San Salvador Atenco, en donde intervinieron la policía y el Ejército y en el que resultaron dos personas fallecidas, 207 detenciones arbitrarias además de que 26 mujeres fueron agredidas sexualmente. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos las autoridades violaron los derechos humanos de los manifestantes.
Al frente de la PGR, Eduardo Medina decidió clasificar controvertidas investigaciones como los casos correspondientes al presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Fox, el supuesto desvío de recursos de Rosario Robles cuando se desempeñaba como presidenta nacional del PRD, caso similar al de Elba Esther Gordillo el tiempo en que dirigía el SNTE.
Asimismo, fue uno de los responsables del operativo conocido como el “Michoacanazo”, en el que también participaron la Policía Federal Preventiva y el Ejército y en el que se detuvieron a 11 presidentes municipales, 16 funcionarios y un juez quienes aparentemente tenían vínculos con el crimen organizado.
El último acto polémico que protagonizó fue conceder la suspensión del juicio que el Congreso de Nuevo León llevaba a cabo contra el gobernador Jaime Rodríguez, “El Bronco” por utilizar indebidamente recursos públicos y funcionarios de su administración para recabar las firmas para su candidatura como candidato independiente a la Presidencia de la República.
Golpe aniquilador
En junio del presente año, el magistrado Eduardo Medina Mora fue expuesto públicamente con información de El Universal de haber realizado transferencias bancarias a Gran Bretaña y Estados Unidos, por más de 103 millones de pesos, cifra que desmintió Medina Mora a pesar de no negar haber realizado los movimientos bancarios pero con una cantidad mucho menor.
El magistrado argumentó que la información del diario era imprecisa y errónea, sin embargo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la Secretaría de Hacienda, y la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación al respecto.
El jueves 3 de octubre, de manera inesperada y faltando 11 años para que Medina Mora concluyera su encargo como magistrado de la SCJN, presentó su renuncia al presidente de la República, como de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 de la Constitución.
En conferencia de prensa, López Obrador aseguró desconocer los motivos del magistrado para dimitir a su encargo, y supuso que quiere enfocarse a atender las acusaciones en su contra. “Considero que el ministro quiere atender denuncias presentadas, no sé si una, dos, cuántas denuncias que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República”, recalcó.
El siguiente paso es que los senadores conozcan y evalúen si existe una situación grave que amerite la renuncia, pues de lo contrario no procederá la misma, como lo señala la Constitución.
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