Durante el periodo democrático en México, surgieron y/o se consolidaron una serie de órganos cuya función era regular ciertas actividades medulares de algunos sectores; evaluar algunas políticas de Estado y proporcionar a la población la protección de derechos como la privacidad personal y el acceso a la información. Dichos órganos tenían la particularidad de ser autónomos porque la naturaleza de su misión exige esa distancia del poder y en unos días dejarán de existir siete de ellos: el INAI, , la Cofece, el IFT, , la CRE, la CNH, MEJORADU, Coneval y sus funciones serán absorbidas por la “renovada” secretaría de la Función Pública, Secretaría de Economía, de Energía, de Educación Pública y el INEGI.
La complejidad del campo de acción de algunos de estos organismos hacen que su desaparición parezca algo sumamente distante para la mayoría de la población, sin embargo, es muy importante resaltar que la integración de esos órganos a las secretarías impiden que cumplan su función de evaluación al ser juez y parte, ya demás, dejan en manos del gobierno el uso discrecional de sus funciones de regulación favoreciendo a quien el gobierno quiera o a las mismas empresas estatales. Y la más grave para toda la población es el terrible riesgo en el que quedarán nuestros datos personales que antes eran custodiados por el INAI.
Nuestros datos personales quedarán expuestos a las muchas fugas de información y hackeos que ya ocurren hoy en las dependencias gubernamentales que no invierten en ciberseguridad. El riesgo será mayúsculo porque se liquidará a gran parte de la estructura y despedir a los especialistas que hoy cuidan nuestros datos los expondrá a estas fugas. Y ese podría ser el menor de nuestros problemas, porque ante un gobierno cada vez más autoritarios es terriblemente riesgoso para la libertad personal y el ejercicio de derechos que un gobierno cuente con toda la información que quiera de quien quiera con un solo clic.
Es muy probable que una vez que se ha vulnerado de esta manera la garantía del manejo adecuado de nuestros datos dinamitando al INAI, no pasará mucho para que las bases de datos en manos del Instituto Nacional Electoral también pasen al control directo del gobierno con los mismos o quizá con riesgos todavía mayores. Si de por sí ya hay un uso electoral de diversas bases de datos que han tenido que armar los servidores de la nación con sus brigadas, contar con el control absoluto de los datos de dirección, edad y además del mapeo de los resultados electorales literalmente casilla por casilla puede ser campo abierto para todo tipo de manipulaciones. Sin hablar de nuevo, de la fuga de información que podría beneficiar a terceros, como el caso de suplantaciones de identidad que han derivado en fraudes millonarios donde los ciudadanos no tienen forma alguna de defensa.
Las posibilidades de control de los ciudadanos hoy en día también pasan por el control de los teléfonos celulares y la vulneración del IFT pueden ayudar a cerrar la pinza sobre cualquier ciudadano con cualquier pretexto. Si agregamos que ya se ha hecho uso abusivo de mecanismos de información como la Unidad de Inteligencia Financiera que puede acceder a las operaciones financieras estamos antes un escenario de verdadero riesgo para los ciudadanos. Es evidente, que con la demolición de Poder Judicial ya no será viable la tramitación de amparos para comportamientos abusivos por parte de cualquier gobierno o incluso como defensa en la suplantación de identidad y mal uso de la misma.
La sombra del autoritarismo y el control de la población se extiende sobre cada uno de los mexicanos, nos percatemos o no. Y a la misma sombra debemos agregar que además de las modificaciones jurídicas que darán muerte a los órganos autónomos se plantea la ampliación del catálogo de delitos que implican prisión preventiva. En ese catálogo se ha subrayado con especial alarma que se vuelva a incluir “defraudación fiscal” —la Suprema Corte la había echado para atrás en 2022 luego de su aprobación en 2020—, pues se trata de un delito que es fácilmente manipulable por parte de la autoridad exagerando cualquier falta menor y llevándola a ese extremo.
La sombra del autoritarismo se extiende y se vuelva más oscura con este gobierno y está poniendo en verdadero riesgo la libertad de los ciudadanos, y seguramente los que se opongan levantando la voz podrían ser los primeros en experimentarlo; pero hay que eso no debe detenernos. México necesita que denunciemos, resistamos y luchemos.
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